El fin de las pensiones públicas

Desmontando la trampa del fin de las pensiones públicas

Tras la segunda vuelta de las elecciones generales nos llega, convenientemente filtrada, la información de que el fin de las pensiones públicas puede estar a la vuelta de la esquina; en concreto a finales de 2017 o, como mucho, en 2018.

Los medios de desinformación nacionales e internacionales, junto con el manido argumento del envejecimiento de la población española, se centran en otras explicaciones como “razones” del previsible fin de las pensiones públicas.

La primera de ellas tiene un fondo de realidad innegable, si bien no se encuentra en ella la razón de una crisis de este sistema de protección de la vejez, como veremos más adelante. Me refiero al hecho de que el gobierno del PP ha estado metiendo la mano, más o menos desde que Rajoy alcanzó la presidencia, a la caja de galletas; es decir, al Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Del fondo se han ido detrayendo recursos para políticas de incentivos a la contratación por cuenta ajena o a las altas de trabajadores por cuenta propia, las llamadas tarifas planas, etc. Desde 2011, año de llegada del PP al gobierno, la cifra del fondo ha descendido desde los  66.815 millones de euros hasta los 25.176. Total, que el gobierno se ha pulido 41.639 millones. Echarle la culpa de ello, como hacen algunos, al monto de las  pagas extraordinarias de las jubilaciones es, cuando menos, obsceno.

Es evidente que la precarización del empleo, los bajos salarios, los altos niveles de desempleo, con menor número de cotizantes a la S.S. o el incremento del fraude a esta, por citar sólo algunos factores, han tenido mucho que ver con el momento en el que nos encontramos. Y no lo es menos que el gobierno del PP, mediante un Decreto Ley, suspendió entre 2012 y 2014 el límite de disposición anual del fondo de reserva, que estaba establecido en unos 3.500 millones de euros por año, para ampliar las cifras del saqueo, amparándose en la “circunstancia especial de la crisis” capitalista. En definitiva, durante estos años el fondo de reserva ha sufrido un deterioro continuo derivado de unos ingresos muy inferiores a las salidas del mismo.

Pero he aquí que, a través de la prensa extranjera y nacional hemos sabido que no todo el dinero sacado del fondo de reserva de la Seguridad Social iba destinado al pago de las pensiones, ni mucho menos, como tampoco a las dos pagas extraordinarias de los pensionistas sino a otros fines más espurios. Y sin embargo, hemos estado distraídos en este tiempo en el pressing catch de los partidos, las acusaciones de corrupción de unos a otros y en mil señuelos más.

El “Wall Street Journal”, poco sospechoso de conspiranoico, informaba el 3 de de Enero de 2013 de una noticia que no tuvo demasiada repercusión en España. Y es que gran parte del fondo de reserva estaba siendo empleado por el gobierno de España para comprar deuda pública española, toda vez que el descenso de los tipo de interés empezaba a ser menos atractivo para los compradores privados de la misma.

“España ha estado vaciando sigilosamente la mayor alcancía del país, El Fondo de Reserva de la seguridad Social, que ha usado como comprador de última instancia de los bonos del gobierno, una operación dudosa sobre el papel del fondo como garante de las futuras pensiones”, decía el diario.

Es decir, el gobierno del PP estaba cometiendo un fraude de ley como la copa de un pino, lo cuál es un delito de descapitalización consciente de la S.S. y debiera dar solidariamente con los huesos de todo el gobierno desde entonces hasta ahora, incluido el impávido Rajoy, en la cárcel. Para el lector poco avezado que lea el artículo mencionado, aclaro que el “billion” inglés no equivale al billón español sino a 1.000 millones.

Al día siguiente, el diario alemán “Deutsche Wirtschafts Nachrichten”denunciaba el mismo hecho en un artículo cuyo título, traducido al castellano, era “España saquea los fondos de pensiones [fondo de reserva] para las compras de bonos del gobierno”. El también alemán “Der Spiegel” insistía el 4 de Enero del mismo año sobre la cuestión.

Incluso “El País” informaba sobre este tema casi un año antes, en abril de 2012.

¿A nadie le sorprende que cuando dos medios alemanes, y uno norteamericano de gran influencia mundial, se hacen eco de esta actividad delictiva, las instituciones de la UE dedicadas a descubrir y combatir comportamientos fraudulentos y peligrosos de los gobiernos no tomasen en más de 3 años acción punitiva alguna contra el gobierno español? ¿Tan poco importante es para dichas instituciones que un país miembro de la Unión haga peligrar de este modo el futuro de las pensiones, lo que afectaría no sólo a lo que tanto afirman que les preocupa, la cohesión social, sino a la recuperación real de la economía española? Les adelanto que les importa un carajo. Es más, forma parte de la estrategia, de distintas velocidades según países, para acabar con las pensiones públicas con el fin de abrirle mercado de negocio al sistema financiero mediante las pensiones privadas.

Mientras tanto, en estos años, fundaciones ligadas a bancos y a aseguradoras se han dedicado a meter el miedo en el cuerpo de la clase trabajadora sobre la supuesta insostenibilidad de las pensiones públicas, con el fin de que los trabajadores se hagan unos planes de pensiones a futuro, que ya veremos qué resultado tienen.

Y en España ¿por qué este manto de silencio de partidos, sindicatos y patronal? La razón hay que buscarla en el asunto principal que no hemos tratado hasta ahora: el Pacto de Toledo de 1995.

Hasta 1995 las pensiones se financiaban mediante las cotizaciones sociales, añadiéndose después fondos de los Presupuestos Generales del Estado vía impuestos para complementarlas. A partir de entonces se abrirá una doble fuente de financiación, según tipo de pensión. Mientras las contributivas dependerán de las cotizaciones sociales del trabajador, las no contributivas irán con cargo a impuestos, en los Presupuestos Generales del Estado.

El Pacto de Toledo fue firmado, bajo el falso pretexto de “consolidación del sistema de pensiones” por todos los partidos parlamentarios, los sindicatos CCOO y UGT y la patronal CEOE. Esta es la explicación del pacto de silencio que los partidos tradicionales y los emergentes, ideológicamente no diferentes de los primeros, así como los dos principales sindicatos han hecho en las elecciones del 20D de 2015 y del 26J de 2016 respecto del tema de las pensiones.

El Pacto de Toledo convertía de facto a la Seguridad Social en algo ajeno y separado del Estado. Es llamativo que en otras cuestiones como la sanidad, la educación o las cotizaciones de desempleo dependan de los impuestos y las pensiones se vinculen a las cotizaciones de los trabajadores. ¿Acaso los empresarios, que reciben el beneficio del trabajo de sus empleados, no debieran pagar parte de esas cotizaciones? ¿No pretende justificarse el llamado Estado social de derecho -capitalista, por supuesto- sobre la base del mito de la solidaridad entre el conjunto de los españoles? La auténtica trampa, se encuentra aquí, en sacar las prestaciones por jubilación de la Hacienda pública y en tratarlas como un concepto estanco y ajeno al Estado. A partir del argumento de que deben ser sólo los trabajadores quienes paguen sus pensiones con sus cotizaciones sociales se estructura el discurso de la inviabilidad futura de las pensiones públicas, sobre el razonamiento manido del envejecimiento de la población, y se abre el camino hacia su supresión y la privatización de las mismas.

Por otro lado, el compromiso del Pacto de Toledo de actualizar anualmente las pensiones de acuerdo al coste de la vida fue burlado por el gobierno Zapatero cuando congeló las pensiones en 2011 y roto definitivamente por el gobierno del PP en 2013 al desvincularlas del coste de la vida, haciéndolas caer en la práctica.

Seguramente el tema dé para mucho más, como el desmonte de las falacias sobre la insostenibilidad a futuro de las pensiones, pero la principal conclusión a extraer es que el derecho a una pensión pública, asegurada y digna para cada trabajador/a no debe depender en modo alguno de sí mismo/a, ni de los avatares de las coyunturas económicas sino que ha de ser una cuestión obligatoria, nunca potestativa de los gobiernos de turno, un asunto del mismo Estado que dice garantizar derechos que no cumple. Ha de ser un derecho básico y obligatorio de toda persona que trabaja y, más allá aún, de todo ser humano porque, de lo contrario, no hay modo de garantizar su dignidad como persona ante su vejez.

Es necesario, en consecuencia, sortear el anzuelo que nos tiende el propio sistema y sus compinches  acerca de que el Fondo de Reserva de las pensiones se agotan. Aunque sea cierto que el gobierno Rajoy ha “distraído” ese dinero en gastos bastardos, por lo que debe pagar por ello incluso penalmente, es necesario romper con la lógica de aceptar en la práctica la amenaza del fin de las pensiones públicas porque ello supone situarse en el relato del enemigo de clase, la de su insostenibilidad, y exigir el mantenimiento de las mismas. La pelota debe estar en el tejado de la burguesía y de su “democrático” Estado capitalista. Ellos tienen la obligación de asegurar y proteger lo que su Constitución dice amparar y nosotros de exigírselo mediante la organización de la lucha en las empresas y en los barrios, sin concesión alguna ni desvió del objetivo principal: defender con uñas y dientes los derechos que nuestra clase conquistó un día.  Aclaro para desconocedores, que no fue ésta una concesión del franquismo, sino que tiene sus antecedentes en el Retiro Obrero Obligatorio de 1919, impensable sin las luchas sindicales de la CNT y de la UGT de entonces, que amenazaban con desbordar al Estado burgués de la época.

¡Ah! y para los que emplean expresiones de mal perdedor del tipo “disfruten de lo votado”, les sugiero que las guarden a buen recaudo porque ninguno de los partidos o coaliciones representados en el Parlamento actual llevaba en sus programas el fin del Pacto de Toledo y una legislación que contemplase una única fuente de financiación de las pensiones y es de allí, del Pacto de Toledo y de sus actualizaciones, de donde arrancan las amenazas contra ellas.

Por Jean Paul Marat para Diario 16

CONDECORACIONES DEL GOBIERNO ESPAÑOL

Las 7 condecoraciones más 'divinas' y 'populares' del Consejo de Ministros

El Gobierno del PP ha tenido una larga lista de polémicos reconocimientos y medalla

Vírgenes, exsenadores, periodistas o políticos extranjeros. La lista de condecoraciones polémicas que ha realizado el actual Gobierno del PP es muy variada y siempre poco clara. El Boletín Oficial del Estado nos ha dejado todas estas medallas, nombramientos y condecoraciones, cuanto menos, difíciles de explicar.

1Roberto Roy

Ministro de Asuntos del Canal de Panamá, le fue concedida la Cruz del Mérito Civil, que se concede a personas que “hayan prestado servicios distinguidos a España o una notable colaboración en todos aquellos asuntos que redunden en beneficio de la Nación”. No se sabe de qué servicios habla, aunque estas últimas semanas hemos visto que Panamá se ha puesto a la altura de Suiza en popularidad para los españoles.

2Adriano Marqués de Magallanes

Exsenador y exdiputado del Partido Popular, se le ha concedido también la Cruz del Mérito Civil. 

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3Leopoldo Rubio Ramonde

Hermano del director del diario ABC, se le concedió el pasado abril un puesto en la Orden Civil de Alfonso X. ¿Sus logros? Hasta que el BOE los amplíe, haber sido durante 32 años alcalde popular de Cedeira (A Coruña).

4Francisco Marhuenda

Director del diario La Razón, fue nombrado también en abril comisario honorario por el ministro del Interior, un galardón que sólo se concede una vez al año. Su mayor labor, sin duda, ha sido ser tertuliano a tiempo completo a favor del Partido Popular.

El director del periódico "La Razón", Francisco Marhuenda, durante una entrevista concendida a Efe.

5Santísima Virgen de los Dolores

También el ministro Jorge Fernández Díaz concedió en octubre de 2015 la Cruz de Plata de la Guardia Civil a esta advocación de la virgen. Los méritos para este galardón que vio el ministro en la patrona de la localidad malagueña de Archidona siguen siendo un misterio.

6Nuestra Señora María Santísima del Amor

Otra representación de la virgen que fue condecorada por Fernández Díaz. En este caso con la medalla de oro al mérito policial, la mayor de este Cuerpo. En este caso se explicó que fue ” por petición de la dirección de la Policía en favor de la cofradía "de Culto y Procesión de Nuestro Padre Jesús 'El Rico' y María Santísima del Amor" con la que el cuerpo mantiene "una estrecha colaboración, principalmente en actos celebrados durante la Semana Santa".

7Virgen del Pilar

Pero las condecoraciones a vírgenes ya comenzaron en 2012, cuando también Fernández Díaz concedió la Gran Cruz de la Guardia Civil a la patrona de Zaragoza y de este Cuerpo. Esta decisión se tomó, como curiosidad, en el mismo Consejo de Ministros en el que se presentaron los Presupuestos Generales del Estado. Según Europa Press, el motivo de la concesión fue que se cumplían 100 años desde que la Virgen del Pilar era patrona de la Guardia Civil.

@GodoyWulffen

http://www.elplural.com/

[REPORTAJE] Desmontando a Ciudadanos

Y AHORA RESULTA QUE RATO NO ES ECONOMISTA SINO LICENCIADO EN DERECHO

Otro engaño del mujeriego Rato: no es economista sino licenciado en Derecho y le montó un pollo a una cajera

La gigantesca mentira con la que el ministro de Economía, Rodrigo Rato, construyó su biografía política cada vez se parece más a la de aquel director de la Guardia Civil socialista llamado Luis Roldán, que se hacía pasar por economista o ingeniero industrial y que, tras 15 años en prisión, salió libre para disfrutar de todo lo que había robado. “Espía en el Congreso” puede asegurar que el considerado “cerebro económico del PP”, el mujeriego y libertino Rodrigo Rato, no tiene el título de economista sino de licenciado en Derecho: nunca ejerció como abogado ni trabajó en nada que no fuera la política. Su trayectoria con la “tarjeta black” está jalonada además de gastos suntuosos, fiestas, clubes privados y alcohol, pero él sigue inasequible al desaliento: le montó un pollo a una cajera por errar en unos céntimos, según denuncia una periodista, y tras serle impuesta una fianza de 3 millones de euros por el juez Andreu, al día siguiente jueves 23 de octubre, el ex-presidente de Bankia viajaba a Madrid desde el aeropuerto de Ginebra (Suiza) en el vuelo IB3493 de las 18:35 junto a su jefa de prensa Alicia González, convertida hoy en redactora jefe de El País y pareja. Un misterioso viaje que ha aumentado aún más la indignación y la sospecha ciudadana.

Para colmo de males, en este régimen las élites de la universidad española esculpen pedestales de mármol a los mayores corruptos del reino, a los que hace doctores “honoris causa”. “Rato es un personaje encumbrado artificialmente, cuya realidad esconde una historia de fracasos”, denuncia el profesor Ramón Tijeras (URJC), autor del libro “Los Rato, 1795–2002”. El volumen fue boicoteado y la cúpula de la editorial que lo publicó (Plaza & Janés), despedida. “La historia de todos ellos está relacionada con un activismo continuo en la trastienda de la política que ha convertido a la familia en parte de las élites que gobiernan el país y que no se han bajado del burro desde hace 200 años, a base de mantener contactos y lazos familiares. Recordemos que la rama Figaredo de la familia es una de las que a lo largo de dos siglos han estado presentes en los consejos de administración de la industria asturiana”, señala Tijeras.

Y añade: “a Juan Guerra se le condenó por un delito fiscal, como a Al Capone, nada más. Con Rato y los delitos de cuello blanco ocurre algo parecido. Cuando indagamos en el registro de actividades del Congreso, que da cuenta de los intereses particulares que tienen los diputados en sus actividades profesionales, nadie lo consultaba y hasta estaba escondido en las oficinas del Parlamento. Rato, paradójicamente, fue uno de los diputados que en su época declaró tener intereses en dos docenas de empresas. Pero aún tenía intereses en otras cuarenta que no declaró cuando era vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía. Las decisiones que tomaba Rato eran de carácter sectorial. Y su familia y él mismo se mantenían como accionistas de empresas hidroeléctricas o urbanísticas que se beneficiaron de permisos y operaciones que fueron posibles gracias a la política de engrase que funciona habitualmente en administraciones de su influencia como la Comunidad de Madrid”.

Eran tiempos en que las élites españolas proclamaban la riqueza eterna del país que ellos mismos se agenciaban.“Vivimos ahora el mejor momento de la economía mundial”, declaró Rodrigo Rato en Cádiz, donde había sido diputado “cunero” (enviado desde Madrid sin relación alguna con la circunscripción). El director del FMI pedía que se mantuvieran “los aciertos del pasado” y consideraba que el crecimiento económico en España era “sostenido e intenso”.

Sin embargo, en Estados Unidos no pudo acabar su mandato, pues solo cumplió tres años como director gerente del FMI. Rodrigo Rato apenas sabía de nada que no fuera la política pura y dura por lo que su elección resultó un fiasco. Por ello fue incluido en la lista de los peores directivos internacionales confeccionada por ‘Bloomberg Business Week’, que publica cada inicio de año. En la lista aparecía en quinto lugar, tras Brian Dunn, a quien la revista considera responsable de una pésima gestión en Best Buy, y Aubrey McClendon, a quien responsabilizan de la difícil situación financiera de Chesapeake Energy.

Bajo la gestión de Rato en Bankia, 350.000 pequeños accionistas perdieron casi toda su inversión, pues habían pagado 3,75 euros por título en julio del 2011. Rato había declarado que las cuentas que presentó de la entidad, con un beneficio de 306 millones en 2011, eran reales y que se cambiaron porque el nuevo equipo decidió provisionar cerca de 1.800 millones por créditos aún al corriente de pago. Incluso, cuando las cuentas de Bankia del citado año fueron auditadas, arrojaron unas pérdidas de sólo 2.979 millones de euros, cuando el rescate fue finalmente de 36.000 millones, lo que hace aflorar la sospecha de que aún no ha salido a flote toda la verdad del caso “Caja Madrid-Bankia”.

Clubes, bares, salas de fiesta, alterne con alcohol y joyas… La tarjeta “black” de Rodrigo Rato solo refleja lo que era un secreto a voces en la Villa y Corte o incluso en los pasillos del Congreso. Que Rodrigo Rato era un “jeta”, un “bon vivant” que engañaba a unos y otros, un admirador de las mujeres bellas con las que gastaba el dinero a manos llenas. Por el contrario, resultaba grosero y soez cuando alguien le escatimaba unos céntimos, como le ocurrió a una cajera de un supermercado: “Y si no que se lo pregunten a los clientes de un céntrico Lidl de Madrid que pudieron observar el pollo que le montó a una cajera por un error de menos de un euro. Que si las barras de las etiqueta estaban mal o no, que si no hay derecho, que si patatín, que si patatán…”, señala la cronista Marta Cibelina.

Pero estas y otras noticias sobre Rato no salían porque a los periodistas, o los compraba o los amedrentaba, como narra ahora Pedro Jota Ramírez: “La primera vez que me di cuenta a qué se refería fue cuando El Mundo descubrió el pelotazo con información privilegiada del que César Alierta fue absuelto por prescripción después de que el Supremo acreditara el delito con el que hizo de oro a su sobrino. A instancias del propio Aznar me reuní con Rato en el Hotel Orfila -nunca lo había contado- y él cerró filas con el ya presidente de Telefónica de forma tan irracional y opuesta a los principios éticos que decía practicar el PP, de manera tan agresiva incluso tratándose de un valido que protegía a una de sus más preciadas hechuras, que no pude por menos que sospechar que allí había gato encerrado”.

“Luego supimos que Alierta había jugado un papel importante en el salvamento a la familia Rato de la quiebra y no deja de ser significativo que a día de hoy le mantenga enchufado a una de las ubres de la multinacional como si una empresa cotizada tuviera que preocuparse menos por su reputación que un partido político. Claro que de esto no habla nadie porque de los tres reyes que, muerto Botín, quedan en España,César el Elocuente es con diferencia el más poderoso. Pero, volviendo a lo de Aznar, poca satisfacción puede encontrar en no haber elegido al nada escrupuloso Rato -qué mal huele el dinero de ida y vuelta con su banco de negocios- cuando eligió al estólido en su estrago”.

espiaenelcongreso.com

MONARQUIA EN JUEGO

Algo pasa con la monarquía

Víctor Arrogante

Por sugerencia de amigas y amigos en las redes sociales en las que nos movemos, hoy escribo sobre la monarquía hoy, y se lo dedico a quienes me incitaron a ello. Algo sucede en la monarquía. El rey padre y la reina madre, están fuera de España, como una de las infantas y el rey hijo, no para de viajar entre los palacios de La Zarzuela y el de la Generalitat. En tromba andan los de siempre defendiendo a la institución; aunque parece que cuando la gente puede elegir, la monarquía no es tan querida.

Algunos de los temas sobre los que me proponían escribir pasan por las cortinas de humo, que cuan antidisturbios nos fumigan para ocultar una realidad que vivimos; el busto del rey, como signo institucional, que lejos de ser una rémora es una excusa para tocarnos los «costados» (que dirían los taurinos, con perdón); el encuentro entre Felipe VI con Arthur Mas y sus compromisos ocultos; un agravio más para Extremadura que se queda sin tren de alta velocidad, camino de Lisboa; la izquierda, que teme a la derecha y no actúa con contundencia; la verdadera realidad sociolaboral del país; la vertebración de Europa, en entredicho tras el caso Grecia; Mariano vete a descansar y no vuelvas, que se entiende por si mismo; la monarquía que no queremos; la Reforma electoral, como un golpe a la democracia; y la Unidad Popular, como solución política de futuro. Todos son temas interesantes, que prometo tratar en algún u otro momento. Hoy, por actuales, trataré alguno de ellos, que entiendo están relacionados.

Felipe de Borbón y Grecia, que representa a la monarquía del régimen, no para de hacer declaraciones a favor de la ley y contra el desafío soberanista catalán. Un jefe de Estado no electo y con carácter vitalicio, queriendo dar lecciones a un presidente elegido democráticamente, forma parte de las #vergüenzasdeEspaña. Argumenta en favor de la ley, como si fuera algo inmutable, pero no a favor de la Justicia, que si es permanente.

Diariamente vemos cómo se cambian las leyes, para beneficio de intereses, que no son los de la mayoría del pueblo, sino a favor de los intereses del gobierno y de sus amigos. Me dirán: es el Sistema. Y yo respondo, sí un Sistema corrupto, que solo defiende la ley, cuando beneficia a quienes la hacen. El gobierno, presidido por el presidente del Partido Popular, pretende cambiar la ley electoral para que gobiernen las listas más votadas, rompiendo el principio democrático de las mayorías para gobernar. No puede reformarse una ley electoral en medio de un proceso; como no pueden cambiarse las reglas de juego en medio de un partido de fútbol; los pilares del Estado temblarían. Pues con la reforma electoral no pasa nada y debería. Algunos califican la reforma anunciada de pucherazo, pero no lo es; es un auténtico golpe contra la democracia.

El régimen actual, se deslegitima a medida que ocurren acontecimientos como los mencionados y no se convoca un referéndum para que decidamos si preferimos la Monarquía o la República. Se nos birló durante la «santa» Transición y se nos sigue negando ahora. Mientras los jefes de la dinastía Borbón se van sucediendo en el «trono», sin dar cuentas a nadie, por «irresponsables» personal y políticamente. Es una dinastía tocada con la varita de la «suerte». El dictador nombró y siguiendo las consignas de los líderes políticos de la época, el pueblo obedeció. Fue una instauración de monarquía franquista, que no restauración. El rey reina pero no gobierna, pero medra y borbonea, permitiéndose dar lecciones de legitimidad democrática, ha quienes si la tienen, elegido por las urnas.

La «caverna» mediática se echa encima de la alcaldesa de Barcelona, que con buen criterio, ha ordenado retirar del hemiciclo un busto de Juan Carlos, porque no es el jefe del Estado. Las editoriales claman por el respeto a «nuestros signos» que hay que proteger y respetar. Pero el busto no es un signo respetable; ni por su propia materia ni por lo que representa. Para signos estos de interrogación y exclamación: ¿Hasta cuando vamos a consentir una institución, impuesta por el dictador, que nadie ha votado y que se encuentra por encima de la ley? ¿Hasta cuando la persona del rey, como jefe del Estado va a seguir siendo irresponsable de sus actos? ¡Esto es un despropósito nacional!

Franco en su testamento político, dejaba todo «atado y bien atado» en manos de la banca, la alta burguesía, los altos mandos de la administración, el ejército y la Iglesia. Pedía perseverancia en la unidad y en «la paz» (que él había roto por la fuerza de las armas) y lealtad al futuro rey de España, que él mismo había elegido. Seis años después de su desaparición, su espíritu seguía vivo y el aparato de la dictadura intacto. Los fieles al «régimen» no podían consentir que se otorgase la soberanía al pueblo, se legalizaran los partidos políticos, se desmontara el estado totalitario y se reconociese el derecho al autogobierno de nacionalidades y regiones. Pero se pudo. Había otros intereses, nacionales e internacionales, que dieron un golpe de Estado para reconducir la situación.

El artículo 2 de la Constitución, proclama que ésta «se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones». Se construyó un Estado (Título VIII) incompleto, sin reconocer el carácter plurinacional de España ni explicar el concepto nación, nacionalidades o región. Un tuto revoluto. Han pasado treinta y siete años y es tiempo de abrir un Proceso Constituyente, que de respuesta a este problema histórico sin resolver y sustituir la monarquía por la república.

El Estado de las Autonomías, fue la solución consensuada en 1978 al tema de la «unidad», pretendiendo superar el «España, unidad de destino en lo universal» y salvar la situación creada durante la República en Cataluña, País Vasco y Galicia. Hoy las ideas siguen encendidas, los intereses vivos y la unidad de la nación cuestionada. La derecha reaccionaria en el gobierno, pretende dar una respuesta, utilizando el Código Penal y medidas de excepción, en lugar de permitir que el pueblo hable.

Dice la vicepresidenta, Sáenz de Santamaría: «El Gobierno como el resto de las autoridades tiene una obligación que es cumplir y hacer cumplir la ley y así lo haremos», no dice que cuando les interesa cambian la ley con su mayoría absoluta y sin consultar a nadie. Pidiendo respeto hacia la ciudadanía nos insulta al recordar la contribución del «Rey Juan Carlos» a la «democracia, los derechos y las libertades». Habrá que recordarle cual fue el papel real en el golpe de estado del 23-F, en el que el «elefante blanco» estaba a sus órdenes.

Como una epidemia benefactora se extiende la retirada de retratos y bustos reales. El pleno municipal de Montcada i Reixach acordó retirar el retrato de Felipe VI. En Cádiz se ha retirado el retrato del Juan Carlos que presidía el despacho del alcalde, como así ha ocurrido en los municipios gallegos de A Rúa y Moaña. El Ayuntamiento de Zaragoza decidió cambiar el nombre del polideportivo Príncipe Felipe por el de José Luis Abós. En Baleares, la presidenta, le trasladó a Felipe, el VI, la petición de abrir al público los jardines del Palacio de Marivent, hasta ahora de uso y disfrute de la familia real. En fin, espero que no pare aquí la cosa y pase de lo testimonial a la normalidad democrática, eliminando símbolos y a la propia monarquía que no tiene cabida.

El debate en la prensa está servido. El País titula; «El efecto Colau contra símbolos monárquicos se extiende». El Mundo en portada: «Objetivo, la Monarquía», señalando que «Barcelona lidera un ataque coordinado a la Monarquía». ABC refleja «indignación por la 'pantomima' de Colau con el busto de Don Juan Carlos». La Vanguardia titula en portada: «El debate de los símbolos crispa el pleno de Barcelona», y se hace eco de la «lluvia de críticas a la retirada del busto». El Periódico titula la: «Tormenta municipal por el busto de Juan Carlos». La Razón resalta que el acto en sí, «sólo conlleva una multa de 1.500 euros» y habla de «ofensiva de los partidos independentistas y de izquierda radical para retirar los símbolos monárquicos». Algún ruido de metal se escucha en algún cuartel, pero con sordina. Parece que la situación escuece.

Decía un anuncio publicitario en mi época: «todo tiene su importancia; saber beber también la tiene» y la caída de los signos de forma especial, aún sin beber en absoluto. Recordemos algunos casos en la historia reciente: el muro de Berlín o la estatua del dictador Sadam Husein. Como será de importante lo de los signos, que el gobierno español no quiere ni oír que desaparezca el Valle de los Caídos, la mayor fosa jamás construida en España o el Arco del Triunfo en Madrid, en recuerdo y memoria de los vencedores en 1936 y el genocidio franquista, con más de cien mil desaparecidos. El gobierno afirma que los crímenes del franquismo no pueden llamarse genocidio; como quieran que sea, lo llamaremos entonces francocidio.

Que no nos vengan con guerras de símbolos o signos, que ellos si saben de guerras, de bustos y fotografías, ni de banderas imperiales, como pretenden. Que los quiten todos. Está en juego el bienestar de la ciudadanía y a eso debería dedicarse el gobierno. Disculpen, sé que el gobierno está en ello, pero recortando y eliminando derechos, beneficios y libertades, en aras de sus políticas económicas criminales, neoliberales quería decir. El Comité de Derechos Humanos de la ONU enumera las tropelías de las reformas de Rajoy: la ley Mordaza, expulsiones en caliente, omisión de los crímenes del pasado o la reforma de la ley del aborto. Hasta once canalladas «populares» enumera la organización internacional. Dejen trabajar a los representantes de las instituciones elegidas hace unos meses, que lleven a cabo la política prometida; como la ley de medidas contra los desahucios y la pobreza energética, aprobada en el Parlament de Catalunya, por Iniciativa Legislativa Popular impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Alianza contra la Pobreza Energética.

Frente a lo que ocurre, la oposición democrática debería actuar en el Parlamento, presentando una moción de censura y abandonar los hemiciclos, durante las votaciones sobre iniciativas que presente el PP, para no legitimar sus actos bochornosos con su presencia, contra las libertades y los derechos. Y la ciudadanía en la calle, defendiendo la dignidad, la decencia y contra las leyes injustas.

EL PP, UN PARTIDO REACCIONARIO

El PP como partido reaccionario

La caracterización que hay que hacer del PP es la de ubicarlo en el espacio de la derecha reaccionaria europea.

A punto de concluir la legislatura es oportuno hacer un primer balance de los cuatro años de gestión política del Gobierno de Rajoy cuyo legado, a mi juicio, ha sido claramente involucionista. Gracias a su mayoría absoluta, el PP ha podido aplicar el grueso de su verdadero programa de fondo (no el que presentó a las elecciones de 2011) que ha reducido a una mera carcasa formal la Constitución en multitud de capítulos, dejando una pesada y difícil herencia para las fuerzas progresistas que aspiren a deshacer los numerosos elementos tan regresivos que se han introducido en esta legislatura en los más diversos ámbitos.

Antes de hacer un somero repaso crítico de los mismos, es preciso señalar que el PP es el partido más piramidal, jerárquico y centralizado del panorama político español. Es prácticamente el único partido que no organiza ningún tipo de elección primaria para la  designación interna de cargos y candidatos ya que todo lo decide “desde arriba” una reducida cúpula y, en última instancia, el líder supremo monocráticamente. Añádase a ello una concepción absolutamente delegativa y acrítica de la militancia que está del todo subordinada al aparato.

Además de funcionar de modo muy verticalista, el PP ofrece hoy una imagen desastrosa al quedar en evidencia que gran parte de su financiación ha sido ilegal (de modo incluso “estructural”) y que muchos de sus cuadros han incurrido en intolerables prácticas corruptas (Gürtel, Bárcenas). Todo ello por no mencionar la lamentable práctica (no exclusiva del PP, por cierto) de las “puertas giratorias” de muchos de sus antiguos dirigentes después incorporados a la esfera privada (Rato como paradigma especialmente escandaloso).

La economía

El Gobierno Rajoy se aferra obsesivamente a la economía como principal estrategia electoral, pero todo su planteamiento oficial es tramposo. De entrada, se afirma de modo incierto que su actuación “salvó” a España pues conjuró el riesgo de que fuerarescatada por la “troika”: esta tesis es falaz porque la famosa “línea de crédito” de las instituciones europeas no es más que un eufemismo ya que sí supuso una estricta intervención comunitaria en la banca privada del país. Es cierto que hoy algunos números macroeconómicos empiezan a repuntar, pero no sólo no se reflejan favorablemente en la sociedad, sino que han apuntalado el modelo neoliberal hegemónico.

Por lo demás, retórica a parte, la lucha contra el gran fraude fiscal es muy superficial y parcial, la evasión de las principales fortunas sigue siendo la norma y la economía sumergida permanece inalterable. En otras palabras, las famosas “reformas estructurales” – impuestas por la “troika” y gustosamente asumidas por el PP- han tenido un coste social muy alto. En efecto, en esta legislatura se ha producido un gran aumento de las desigualdades sociales y un severo retroceso de anteriores conquistas de los trabajadores.

La siempre tan deseada por la patronal “reforma del mercado laboral” (eufemismo de despido libre) ha aumentado la precarización, la generalización de los “contratos basura” (el 90% de los  mismos son temporales), el abaratamiento del despido y los bajos salarios, en un contexto de restricción de la capacidad de negociación colectiva de los sindicatos.

Esta estrategia del PP ha implicado, en consecuencia, importantes recortes de un Estado del Bienestar que en España aún no había alcanzado los estándares europeos de mayor calidad. Por tanto, se han deteriorado servicios sociales esenciales: sanidad universal, educación básica, dependencia y otros. Desde cierre de quirófanos hasta de aulas de refuerzo y todo ello para beneficiar a grupos de la sanidad privada o la escuela concertada. En este último ámbito, en particular, la sintonía del PP con los sectores más integristas de la jerarquía eclesiástica católica es completa. En este sentido, hay que reconocer objetivamente que España es de hecho un Estado tan solo semi-confesional dados los exorbitantes privilegios públicos de los que goza institucionalmente la Iglesia católica y que se han visto aumentados con la lamentable ley Wert.

Las libertades

Es especialmente grave el retroceso de los derechos y libertades de los ciudadanos a lo largo de esta legislatura: la “ley mordaza”, las “entregas en caliente” de inmigrantes sin papeles, la inflexibilidad penitenciaria con los presos de ETA (incluso la “vía Nanclares” está bloqueada ya que el PP está prisionero de las asociaciones de víctimas dirigidas hoy por ultraderechistas de sesgo vengativo que en su día alentó contra Zapatero), todo ello inspirado por la ideología punitiva del Ministro del Interior, Jorge Fernández. El nuevo endurecimiento del Código Penal  puede implicar severas condenas de cárcel por delitos menores, mientras que los delincuentes de “cuello blanco” siguen gozando de numerosas garantías y prolijos procedimientos judiciales. Por no dejar de mencionar la práctica laminación de la justicia universal (hoy sería imposible repetir un “caso Pinochet”) ante el riesgo de perder negocios con lanomenklatura  china (por el Tíbet) o de incomodar a las autoridades marroquíes (por el Sahara).

En este sentido, la “ocupación”  patrimonialista de las instituciones públicas por parte del PP es especialmente grave, lo que demuestra que este partido no tiene “sentido de Estado” en contra de lo que proclama. Siendo el Poder Judicial el principal elemento potencial de equilibrio, su “partidificación” a través de nombramientos de Presidentes de Salas próximos al Gobierno reduce claramente la imparcialidad del mismo. Mucho peor es el control que el PP ha impuesto de facto con su mayoría absoluta sobre instituciones  como el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), hasta el punto de no resultar ya ni confiables ni creíbles para muchos ciudadanos. Esto ocurre porque el PP tiene una concepción puramente instrumental y formal del Estado de Derecho, de tal suerte que ha convertido el principio de la división de poderes en una apariencia con escasas excepciones. Un ejemplo clamoroso de deslealtad institucional han sido las inconcebibles trabas iniciales que la Agencia Tributaria le puso al juez Ruz antes de enviarle la documentación solicitada por el mismo en las tan graves imputaciones de corrupción que afectan a miembros del PP.

La ofensiva de Ruiz Gallardón al frente del Ministerio de Justicia (severa restricción del aborto, fuerte elevación de las tasas judiciales, instrucción procesal a cargo de los fiscales) no culminó, pero impuso un CGPJ más restrictivo y la privatización parcial del Registro de la Propiedad, estando abierta la posibilidad de imponer límites  temporales a la instrucción judicial (con lo que muchos poderosos tendrían al alcance de la mano la prescripción, en la estela de Berlusconi).

Particularmente negativa ha sido la contrarreforma de RTVE ya que la vuelta al modelo partidista ha dado paso de nuevo a informativos anestesiantes (sucesos, deportes) y manipuladores (propaganda de los “logros” del Gobierno).

Autonomías y Europa

El PP es un partido nacionalista español (en palabras de Rajoy, España es “la nación más antigua de Europa, con quinientos años de existencia”, un auténtico despropósito científico en términos históricos) y aunque está en su derecho de serlo, esto tiene proyección regresiva sobre el modelo autonómico. El PP nunca ha creído en el Estado autonómico que formalmente ha aceptado como irremediable, pero siempre como punto final de llegada, de ahí su rotunda y frontal oposición a cualquier ulterior reforma del mismo en sentido federal. Por ejemplo, el sistema de financiación autonómico debería haberse revisado ya y, sin embargo, se ha aplazado sine die.Además, el PP jamás ha tenido interés en recuperar los debates en el Senado sobre el “estado de las autonomías” que en teoría deberían celebrarse cada año.

El Gobierno Rajoy se ha escudado en criterios de “unidad de mercado” para recentralizar o no traspasar competencias contempladas en los nuevos Estatutos. Por un incomprensible temor (¿a los Países Catalanes?) el corredor mediterráneo del AVE sigue bloqueado  (pese al despropósito económico que ello supone), mientras que la anacrónica y costosa estructura radial del mismo sigue avanzando.

Su incomprensión del movimiento soberanista catalán es legendaria y a estas alturas está claro que la única receta que tiene el PP es la de recurrir ante la justicia, sin la menor capacidad política propositiva. A la vez que ensalza la pluralidad de la sociedad catalana (algo bien real), en la Comunidad Valenciana el PP aprueba una absurda ley de “identidad valenciana” de carácter etnicista, excluyente y antipluralista. El PP, celoso de la unidad de la “lengua española” (pocas veces la denomina “castellana”) insiste en su indefendible tesis de que valenciano y catalán son dos lenguas distintas.

Por último, el PP tiene una visión estrictamente intergubernamental de la integración europea y contraria a una real articulación federal supranacional. Por lo demás, el peso de España en la UE es mínimo ya que el Gobierno de Rajoy se ha plegado (gustosamente además) a todos los dictados de la “troika”.

Una nota final

En suma, por estas razones que se han abordado aquí sumariamente y que no abarcan todos los ámbitos en los que ha actuado el Gobierno de Rajoy, creo que la caracterización que hay que hacer del PP es la de ubicarlo en el espacio de la derecha reaccionaria europea. No en el de la ultraderecha radical (no es asimilable a los neonazis griegos de “Aurora Dorada”, por ejemplo), sino en el de formaciones como la húngara FIDESZ (la Alianza de Jóvenes Demócratas de Víktor Orbán) o la polaca PiS (Ley y Justicia de Jaroslaw Kaczyński) que no representan un centro-derecha moderado, sino una derecha “sin complejos” muy poco liberal (salvo en economía) y nada “centrista”.

En definitiva, el PP sigue teniendo un problema que las derechas moderadas europeas resolvieron hace mucho tiempo y es la evaluación crítica del franquismo. Es cierto que técnicamente el PP condenó- por primera y única vez- la dictadura franquista en una resolución parlamentaria  en el Congreso de los Diputados nada menos que durante el último Gobierno de Aznar para intentar que las izquierdas no sacaran a relucir este asunto una y otra vez (20 de noviembre de 2003), pero es un asunto que siempre le ha incomodado profundamente dado el origen de los fundadores ( Fraga) y de tantos de sus cuadros, así como por el sentir de una buena parte de sus electores. Su absurda resistencia a facilitar la exhumación de las fosas de antifranquistas represaliados (UCD, por el contrario, no se opuso en su día) es un ejemplo más de la anomalía española de un supuesto centro-derecha moderno, algo que resulta contradictorio con la actitud de sus homólogos europeos. 

Cesáreo Rodríguez-Aguilera es catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Barcelona. Doctor en Derecho y Licenciado en Historia Contemporánea

El TRATADO TRANSATLÁNTICO DE COMERCIO E INVERSIONES (TTIP)

¿SABÍAS QUÉ ES EL TTIP?

El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP en sus siglas en inglés) es el nuevo modelo de tratado de libre comercio que se está negociando entre la Unión Europea y Estados Unidos desde junio de 2013, con la intención de crear la zona de libre comercio mayor del mundo.

¿Por qué ahora?

EEUU y la Unión Europea están perdiendo poder económico y político, y otros países, especialmente China, les están desplazando como mayores economías, exportadores y proveedores de inversión extranjera directa. El TTIP pretende por tanto consolidar los intereses geopolíticos y recuperar el poder y el protagonismo de ambas potencias, declarando una guerra comercial a países terceros.

¿Quién y cómo se está negociando?

De manera formal, por parte de la Unión Europea es la Comisión Europea quien tiene el mandato de las negociaciones; y de la otra, el propio Gobierno de EEUU. Sin embargo, desde su origen, son los grandes lobbies empresariales de un lado y otro quienes presionan y participan de manera activa en ellas: industria automovilística, farmacéutica y agroalimentaria, empresas de servicios, bancos, fondos de inversión…

Las negociaciones además, están produciéndose de espaldas a la población, con un alto carácter secreto sobre su contenido, y sin participación y apenas consulta a la sociedad civil, e incluso con mucha desinformación hacia los Gobiernos de los países de la propia UE.

¿Qué regulará?

Dado que los aranceles entre la UE y EEUU son ya muy bajos, este nuevo modelo de tratado se centra en la liberalización de todos los sectores y en conseguir una armonización legislativa, es decir, unificar leyes a ambos lados del Atlántico, con el fin de reducir costes y “retrasos innecesarios” para las corporaciones.

Un capítulo especialmente polémico es el de la protección de las inversiones, por el cual cualquier inversor privado internacional puede desafiar, ante tribunales internacionales poco transparentes, cualquier legislación (ambiental, laboral o social) que interfiera con sus beneficios. Por ejemplo, una moratoria al fracking (técnica muy contaminante de extracción de petróleo o gas) o una regulación sanitaria de sustancias tóxicas pueden ser objetos de demandas a los Gobiernos.

¿Qué supondrá?

Se ahondará en los recortes en los derechos laborales, justificados por la reducción de costes y basados en la política antisindical de EEUU (que no ha ratificado convenios de la OIT) y en las reformas laborales impuestas por la Troika [link a www.troikaparty.eu/es] (Comisión Europea, FMI, BCE).

La liberalización de cada vez más sectores económicos profundizará en las privatizaciones de servicios públicos, cuyas consecuencias ya son conocidas.
La armonización legislativa a la baja, aplicando la legislación más beneficiosa para las grandes corporaciones afectará a:                                      

• Políticas medioambientales y del derecho a la salud: se flexibilizará el uso del fracking, se aumentará la producción y venta de transgénicos, el uso de toxinas y sustancias peligrosas, entre otros, que cuentan con legislación más favorable en EEUU.                                                                                                                          
• La agroindustria se verá favorecida en detrimento de las pequeñas explotaciones más sostenibles, y por tanto se resentirá la soberanía alimentaria y la calidad en la alimentación.                                                                                      
• Sobre propiedad intelectual y uso y acceso a internet: se aplicará la legislación norteamericana que facilita la vigilancia cibernética y el acceso a datos personales, y pena el compartir archivos en la red; y además blindará las patentes, reduciendo por ejemplo la posibilidad de acceso a medicamentos genéricos.                                 

Y a todo esto se añadiría, a través de los mecanismos de protección de las inversiones, que los Gobiernos se encontrarían maniatados para la puesta en marcha de las políticas públicas sociales y medioambientales destinadas a proteger a la ciudadanía, en beneficio del gran capital.

Fuente: http://noalttip.blogspot.com.es/

TELEPIZZA

TELEPIZZA, ¿EL SECRETO ESTÁ REALMENTE EN LA MASA?

   Telepizza nos dice que “su” secreto está en la masa. Sin embargo, la fórmula del éxito de Telepizza no se encuentra en la masa sino en las precarias condiciones de los trabajadores, la baja calidad de sus ingredientes y una agresiva publicidad de ofertas y promociones. Aunque, al “rey” de las pizzas a domicilio le tambalean los cimientos, y después de una trayectoria ascendente de éxito, acumula, desde hace siete años, números rojos. El culebrón del cambio de manos de la propiedad de la empresa, hoy controlada al 100% por el fondo de capital riesgo Permia, explica su situación de bancarrota.

Una historia de éxito

    Los orígenes de TelePizza se remontan a 1987, cuando Leopoldo Fernández Pujals decide, a los cuarenta años, dar un vuelco a su trayectoria profesional y abrir una pizzería, que incorpora una importante novedad: las pizzas no sólo podrán ser consumidas en el establecimiento sino encargadas por teléfono y servidas a domicilio sin coste añadido. Esto que ahora nos puede parecer de lo más normal, a mediados de los 80 fue toda una novedad.Fernández Pujals había “importado” la idea de Estados Unidos, donde este sistema funcionaba desde hacía décadas.

    Leopoldo Fernández Pujals había vivido desde los trece años en Estados Unidos, donde inmigró desde La Habana después de la revolución. Allí, había crecido, se había afiliado a los Marines, combatido en la Guerra del Vietnam, cursado estudios de finanzas, trabajado en la multinacional Procter & Gamble y después en Johnson & Johnson, que le destinó al Estado español, en 1981, como director de marketing. En sus inicios, de hecho, alternaba el traje y corbata de las mañanas en la empresa norteamericana, con el delantal de cocina por la tarde y la noche en la pizzería. Su objetivo: implantar, aquí, y sacar tajada del negocio de la comida rápida a base de pizzas. Así, nació Telepizza. En el capital inicial, él era el socio mayoritario, seguido de su hermano Eduardo y otros accionistas minoritarios.

    La empresa creció como la espuma. Si en 1990, se contabilizaban 18 pizzerías, en 1995 ya eran 245 y a finales de los 90 sumaba un total de 767, tanto en el Estado español como en el extranjero. La expansión de Telepizza combinó la apertura de establecimientos propios, un 40%, y franquicias, un 60%, lo que posibilitó un crecimiento muy rápido. Además, el sistema de franquicias permitió la apertura de nuevas tiendas sin necesidad de inversión inicial por parte de la compañía. Así, nuevas pizzerías abrieron, primero, en las ciudades más grandes como Zaragoza, Vigo, Santander, Bilbao, Alicante, Valladolid, Málaga… y, después, en otras de tamaño medio.

   En menos de diez años, Telepizza se convertía en la segunda empresa de fast food en el Estado español, por detrás de McDonald’s, y la primera en el reparto de pizzas. Por aquellos tiempos, en 1995, un “golpe de estado” destituyó a Leopoldo Fernández Pujals de la presidencia, un golpe fraguado por su hermano y otros pequeños accionistas. Sin embargo, el fundador de Telepizza no se rindió y, un año más tarde, después de pactar con el BBVA, que entraría a formar parte del accionariado de la empresa, recuperó de nuevo su cargo de presidente.

   Al mismo tiempo, la empresa salió a cotizar, y exitosamente, en Bolsa, adquiriendo cadenas competidoras como Pizza World y empezando un proceso de integración vertical incorporando al negocio a varios de sus proveedores, desde la empresa de transporte a los productores de queso. Se creó así un gran holding empresarial que controlaba cada una de las fases del proceso, desde el acopio y la elaboración de materias primas, con fábricas donde se elaboraban las masas de las pizzas y el queso, pasando por la distribución de estas materias a los establecimientos, hasta la elaboración de la comida y su reparto. Un control total de la cadena, que le permitió reducir costes y aumentar beneficios.

La clave del triunfo

   ¿Cuál es el secreto del éxito? A pesar de que Telepizza nos venda que “el secreto está en la masa” y su fundador Leopoldo Fernández Pujals se presente como un hombre hecho a sí mismo, en realidad la clave del triunfo reside en un dominio completo de la cadena, como veíamos anteriormente, desde la producción a la entrega, en unas precarias condiciones laborales, en una baja calidad de sus alimentos y en una publicidad agresiva de ofertas y promociones.

   La carrera por ganar dinero, y cuanto más mejor, ha llevado a la empresa a recortar cada vez más derechos a sus trabajadores. Si en 1994, su plantilla formaba parte del Convenio de Hostelería, a partir de ese año, y con el beneplácito de los sindicatos mayoritarios, se creó un nuevo Convenio de Delivery, que significó un retroceso en derechos consolidados. Se perdió una porción importante del salario, una paga extra, el plus de festivos. Los accionistas de la compañía pasaron a ganar más, la plantilla menos. Y, así sucesivamente, en el 2000, se perdió el plus de antigüedad y el plus de nocturnidad, en el 2001, el plus de transporte. Y aunque en el año 2000, como explica el sindicato CGT, el Tribunal Supremo sentenció que los trabajadores del Telepizza debían tener las mismas categorías y condiciones que los del sector de la Hostelería, ni las direcciones de CCOO ni UGT (entonces los únicos representantes de la plantilla) exigieron que se aplicara la sentencia. En fin.

   La presión laboral, para conseguir mayores ventas, trabajar más horas…, y la represión a la organización sindical son otra constante, como han denunciado sus trabajadores. En octubre del 2010, un empleado de Telepizza de un establecimiento de Zaragoza fue despedido, precisamente, por intentar crear un comité de empresa. En enero del 2013, tres trabajadores de una tienda de Sevilla fueron despedidos, también, por denunciar las malas prácticas de la compañía. Lo que ha dado lugar a la organización de protestas ante varios establecimientos de Telepizza en distintos lugares del Estado. En marzo del 2013, Telepizza anunció el despido de 145 trabajadores, el cierre de cinco establecimientos en Málaga, Sevilla y Madrid y la reducción del plus de reparto. La crisis ha permitido apretar aún más las tuercas.

    La empresa apuesta, asimismo, por impulsar sindicatos amarillos, bajo su control, a la vez que divide a la plantilla en una serie de categorías profesionales, para combatir la organización sindical. Sus empleados denuncian sueldos de 250€ a 350€ al mes, y como ahora los nuevos contratos son solo de 24 horas mensuales y con un salario de 125€, a 5€ la hora. Su plantilla está integrada mayoritariamente por menores de 25 años, muchos estudiantes, y cada vez más padres y madres de familia en situación precaria, y con miedo a perder el empleo. Aquí tienen la clave de su éxito.

    En la masa, tampoco está el secreto, o sí. La baja calidad de sus ingredientes, en la carrera por conseguir el máximo beneficio con un producto lo más barato posible y venderlo, después, a un precio competitivo es la norma. El truco no está, en todo caso, en la fórmula de la masa sino en su coste.

   La revista Interviú lo dejó claro en un artículo, en 2008, donde analizaba la calidad de las pizzas de cuatro de las principales cadenas de fast food que las sirven a domicilio, entre ellas Telepizza. Los análisis concluían: “Altos niveles de colesterol, importante presencia de grasas saturadas, las más perjudiciales para la salud, y un aporte calórico excesivo; pocos ingredientes, y de muy mala calidad, y mucha masa; y, lo que es peor, un estado higiénico deficiente en todas las muestras analizadas”.

    Según el laboratorio Quimicral, encargado de realizar los análisis, las pizzas de dichos establecimientos pueden considerarse “bombas calóricas”, con un aporte de calorías excesivo, derivado de las grasas de unos ingredientes de baja calidad, a menudo sucedáneos de lo que dicen ser, desde el bacón a los preparados de queso y carne. En las pizzas analizadas, el ingrediente principal era la masa, entre un 50 y un 66%, en detrimento de otros más caros, lo que favorece un mayor beneficio económico para la compañía a costa del cliente.

    La publicidad agresiva de ofertas y promociones es otro de los recursos más utilizados: “Disfruta con el triple de Telepizza. Tres medianas a 7€ cada una. ¡Pídelas ya!” o “Dos por una a domicilio”. Nos hacen creer que compramos barato, sin embargo al final de cuentas, y con todo lo consumido, el total suma bastante más de lo imaginado. La última ofensiva ha sido la pizza a 1€, llevada a cabo en días muy concretos y que ha permitido multiplicar por seis la facturación. En 2013, dicha promoción registró más de dos millones de pizzas vendidas.

   A parte, ¿qué modelo de alimentación se promueve? Como decía el facebook de Telepizza: “Esta noche… ¡pasa de cocinar!”. Se trata de una comida fast food, donde lo único que parece importar es comer rápido y barato. La calidad de lo que comemos, saber de dónde viene el producto, cómo se ha elaborado, dar valor a nuestra alimentación, no cuenta. Y en todos estos aspectos la “receta” de Telepizza es la misma que Pizza Hut, Domino’s Pizza, Pizza Móvil, Voy Volando, etc.

El declive: en manos del capital riesgo

    Volviendo a la historia de Telepizza, en 1999, su fundador y máximo accionista Leopoldo Fernández Pujals optó por dejar la empresa, vender su participación por 300 millones de euros y “dedicarse en cuerpo y alma -como afirmó- a difundir las maldades del régimen castrista en Cuba”, al frente de la fundación Elena Mederos, que él mismo había fundado. Años más tarde, en 2004, regresaría a la primera línea de la escena empresarial adquiriendo el 24,9% de Jazztel y, así, su presidencia. Allí aplicaría, una vez más, la fórmula de siempre: máxima precariedad, máximos beneficios. Como reconoció en una entrevista con El Mundo (13/03/2005): “Soy un capitalista como la copa de un pino -y añadió- pero tengo mentalidad social”. Me pregunto qué mentalidad social.

   Siguiendo con Telepizza, Leopoldo Fernández Pujals vendió su participación a un grupo de accionistas encabezados por Pedro y Fernando Ballvé, dueños de la multinacional cárnica Campofrío, y Aldo y José Carlos Olcese, propietarios junto a los Ballvé de Telechef, una cadena de comida rápida a domicilio de bocadillos, hamburguesas, etc., y competidora de Telepizza. Curiosamente, fue Lehman Brothers quien facilitó la gestión para que los dueños de Campofrío adquirieran Telepizza. Pedro Ballvé, presidente de Campofrío, pasó, de este modo, a asumir la presidencia de Telepizza, Campofrío se convirtió en la principal proveedora de ingredientes para sus pizzas, y la marca Telechef quedó subsumida en la cadena que pasó a ofrecer a sus clientes, también, bocadillos, hamburguesas, perritos calientes y platos combinados.

   En 2006, su presidente Pedro Ballvé acudió al fondo de capital riesgo británico Permira para recapitalizar la empresa, que, a pesar de su éxito a finales de los 80 y principios de los 90, se había convertido, después de su entrada en Bolsa, en pasto de la especulación bursátil. Ambos lanzaron una OPA sobre las acciones y obligaciones convertibles de Telepizza, haciéndose, de este modo, con el control total de la empresa, y sacando la compañía del parqué bursátil. En 2012, Pedro Ballvé vendió su participación a Permira, quién pasó a controlar el 100% de Telepizza.

   El objetivo de Permira era permanecer durante cinco o seis años en Telepizza para después venderla o sacarla a Bolsa y ganar dinero. Un patrón que hemos visto seguir a otros fondos de capital riesgo y fondos buitre, como Apax Partners y Oaktree con Panrico. Permira, por cierto, es propietaria también de Edreams, Cortefiel y los supermercados Dinosol. Sin embargo, los pronósticos no se cumplieron. Hay que tener en cuenta que cuando la firma de capital riesgo adquirió la empresa, la endeudó para llevar a cabo dicha operación, y esto provocó la difícil situación económica actual. Ahora, Permira busca vendedor para Telepizza para eludir la quiebra.

   El problema de la cadena de distribución de pizzas a domicilio no es operativo sino de deuda. En el 2012, por ejemplo, sus ventas crecieron un 0,9%, hasta los 351 millones de euros. El lastre reside en el endeudamiento que tiene la empresa, y que adquirió cuando el fondo de capital riesgo Permira la compró y le traspasó la deuda asumida por su compra. Una operación de manual. Ahora, el estancamiento del consumo dificulta, mucho más de lo previsto, el rendimiento de la operación. ¿Quién paga las consecuencias? Como hemos visto anteriormente, la plantilla, que ve recortados sus derechos. La usura y la avaricia de unos pocos, significa dolor y sufrimiento para la mayoría.

   Visto lo visto, el secreto de Telepizza no está en la masa.