El fin de las pensiones públicas

Desmontando la trampa del fin de las pensiones públicas

Tras la segunda vuelta de las elecciones generales nos llega, convenientemente filtrada, la información de que el fin de las pensiones públicas puede estar a la vuelta de la esquina; en concreto a finales de 2017 o, como mucho, en 2018.

Los medios de desinformación nacionales e internacionales, junto con el manido argumento del envejecimiento de la población española, se centran en otras explicaciones como “razones” del previsible fin de las pensiones públicas.

La primera de ellas tiene un fondo de realidad innegable, si bien no se encuentra en ella la razón de una crisis de este sistema de protección de la vejez, como veremos más adelante. Me refiero al hecho de que el gobierno del PP ha estado metiendo la mano, más o menos desde que Rajoy alcanzó la presidencia, a la caja de galletas; es decir, al Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Del fondo se han ido detrayendo recursos para políticas de incentivos a la contratación por cuenta ajena o a las altas de trabajadores por cuenta propia, las llamadas tarifas planas, etc. Desde 2011, año de llegada del PP al gobierno, la cifra del fondo ha descendido desde los  66.815 millones de euros hasta los 25.176. Total, que el gobierno se ha pulido 41.639 millones. Echarle la culpa de ello, como hacen algunos, al monto de las  pagas extraordinarias de las jubilaciones es, cuando menos, obsceno.

Es evidente que la precarización del empleo, los bajos salarios, los altos niveles de desempleo, con menor número de cotizantes a la S.S. o el incremento del fraude a esta, por citar sólo algunos factores, han tenido mucho que ver con el momento en el que nos encontramos. Y no lo es menos que el gobierno del PP, mediante un Decreto Ley, suspendió entre 2012 y 2014 el límite de disposición anual del fondo de reserva, que estaba establecido en unos 3.500 millones de euros por año, para ampliar las cifras del saqueo, amparándose en la “circunstancia especial de la crisis” capitalista. En definitiva, durante estos años el fondo de reserva ha sufrido un deterioro continuo derivado de unos ingresos muy inferiores a las salidas del mismo.

Pero he aquí que, a través de la prensa extranjera y nacional hemos sabido que no todo el dinero sacado del fondo de reserva de la Seguridad Social iba destinado al pago de las pensiones, ni mucho menos, como tampoco a las dos pagas extraordinarias de los pensionistas sino a otros fines más espurios. Y sin embargo, hemos estado distraídos en este tiempo en el pressing catch de los partidos, las acusaciones de corrupción de unos a otros y en mil señuelos más.

El “Wall Street Journal”, poco sospechoso de conspiranoico, informaba el 3 de de Enero de 2013 de una noticia que no tuvo demasiada repercusión en España. Y es que gran parte del fondo de reserva estaba siendo empleado por el gobierno de España para comprar deuda pública española, toda vez que el descenso de los tipo de interés empezaba a ser menos atractivo para los compradores privados de la misma.

“España ha estado vaciando sigilosamente la mayor alcancía del país, El Fondo de Reserva de la seguridad Social, que ha usado como comprador de última instancia de los bonos del gobierno, una operación dudosa sobre el papel del fondo como garante de las futuras pensiones”, decía el diario.

Es decir, el gobierno del PP estaba cometiendo un fraude de ley como la copa de un pino, lo cuál es un delito de descapitalización consciente de la S.S. y debiera dar solidariamente con los huesos de todo el gobierno desde entonces hasta ahora, incluido el impávido Rajoy, en la cárcel. Para el lector poco avezado que lea el artículo mencionado, aclaro que el “billion” inglés no equivale al billón español sino a 1.000 millones.

Al día siguiente, el diario alemán “Deutsche Wirtschafts Nachrichten”denunciaba el mismo hecho en un artículo cuyo título, traducido al castellano, era “España saquea los fondos de pensiones [fondo de reserva] para las compras de bonos del gobierno”. El también alemán “Der Spiegel” insistía el 4 de Enero del mismo año sobre la cuestión.

Incluso “El País” informaba sobre este tema casi un año antes, en abril de 2012.

¿A nadie le sorprende que cuando dos medios alemanes, y uno norteamericano de gran influencia mundial, se hacen eco de esta actividad delictiva, las instituciones de la UE dedicadas a descubrir y combatir comportamientos fraudulentos y peligrosos de los gobiernos no tomasen en más de 3 años acción punitiva alguna contra el gobierno español? ¿Tan poco importante es para dichas instituciones que un país miembro de la Unión haga peligrar de este modo el futuro de las pensiones, lo que afectaría no sólo a lo que tanto afirman que les preocupa, la cohesión social, sino a la recuperación real de la economía española? Les adelanto que les importa un carajo. Es más, forma parte de la estrategia, de distintas velocidades según países, para acabar con las pensiones públicas con el fin de abrirle mercado de negocio al sistema financiero mediante las pensiones privadas.

Mientras tanto, en estos años, fundaciones ligadas a bancos y a aseguradoras se han dedicado a meter el miedo en el cuerpo de la clase trabajadora sobre la supuesta insostenibilidad de las pensiones públicas, con el fin de que los trabajadores se hagan unos planes de pensiones a futuro, que ya veremos qué resultado tienen.

Y en España ¿por qué este manto de silencio de partidos, sindicatos y patronal? La razón hay que buscarla en el asunto principal que no hemos tratado hasta ahora: el Pacto de Toledo de 1995.

Hasta 1995 las pensiones se financiaban mediante las cotizaciones sociales, añadiéndose después fondos de los Presupuestos Generales del Estado vía impuestos para complementarlas. A partir de entonces se abrirá una doble fuente de financiación, según tipo de pensión. Mientras las contributivas dependerán de las cotizaciones sociales del trabajador, las no contributivas irán con cargo a impuestos, en los Presupuestos Generales del Estado.

El Pacto de Toledo fue firmado, bajo el falso pretexto de “consolidación del sistema de pensiones” por todos los partidos parlamentarios, los sindicatos CCOO y UGT y la patronal CEOE. Esta es la explicación del pacto de silencio que los partidos tradicionales y los emergentes, ideológicamente no diferentes de los primeros, así como los dos principales sindicatos han hecho en las elecciones del 20D de 2015 y del 26J de 2016 respecto del tema de las pensiones.

El Pacto de Toledo convertía de facto a la Seguridad Social en algo ajeno y separado del Estado. Es llamativo que en otras cuestiones como la sanidad, la educación o las cotizaciones de desempleo dependan de los impuestos y las pensiones se vinculen a las cotizaciones de los trabajadores. ¿Acaso los empresarios, que reciben el beneficio del trabajo de sus empleados, no debieran pagar parte de esas cotizaciones? ¿No pretende justificarse el llamado Estado social de derecho -capitalista, por supuesto- sobre la base del mito de la solidaridad entre el conjunto de los españoles? La auténtica trampa, se encuentra aquí, en sacar las prestaciones por jubilación de la Hacienda pública y en tratarlas como un concepto estanco y ajeno al Estado. A partir del argumento de que deben ser sólo los trabajadores quienes paguen sus pensiones con sus cotizaciones sociales se estructura el discurso de la inviabilidad futura de las pensiones públicas, sobre el razonamiento manido del envejecimiento de la población, y se abre el camino hacia su supresión y la privatización de las mismas.

Por otro lado, el compromiso del Pacto de Toledo de actualizar anualmente las pensiones de acuerdo al coste de la vida fue burlado por el gobierno Zapatero cuando congeló las pensiones en 2011 y roto definitivamente por el gobierno del PP en 2013 al desvincularlas del coste de la vida, haciéndolas caer en la práctica.

Seguramente el tema dé para mucho más, como el desmonte de las falacias sobre la insostenibilidad a futuro de las pensiones, pero la principal conclusión a extraer es que el derecho a una pensión pública, asegurada y digna para cada trabajador/a no debe depender en modo alguno de sí mismo/a, ni de los avatares de las coyunturas económicas sino que ha de ser una cuestión obligatoria, nunca potestativa de los gobiernos de turno, un asunto del mismo Estado que dice garantizar derechos que no cumple. Ha de ser un derecho básico y obligatorio de toda persona que trabaja y, más allá aún, de todo ser humano porque, de lo contrario, no hay modo de garantizar su dignidad como persona ante su vejez.

Es necesario, en consecuencia, sortear el anzuelo que nos tiende el propio sistema y sus compinches  acerca de que el Fondo de Reserva de las pensiones se agotan. Aunque sea cierto que el gobierno Rajoy ha “distraído” ese dinero en gastos bastardos, por lo que debe pagar por ello incluso penalmente, es necesario romper con la lógica de aceptar en la práctica la amenaza del fin de las pensiones públicas porque ello supone situarse en el relato del enemigo de clase, la de su insostenibilidad, y exigir el mantenimiento de las mismas. La pelota debe estar en el tejado de la burguesía y de su “democrático” Estado capitalista. Ellos tienen la obligación de asegurar y proteger lo que su Constitución dice amparar y nosotros de exigírselo mediante la organización de la lucha en las empresas y en los barrios, sin concesión alguna ni desvió del objetivo principal: defender con uñas y dientes los derechos que nuestra clase conquistó un día.  Aclaro para desconocedores, que no fue ésta una concesión del franquismo, sino que tiene sus antecedentes en el Retiro Obrero Obligatorio de 1919, impensable sin las luchas sindicales de la CNT y de la UGT de entonces, que amenazaban con desbordar al Estado burgués de la época.

¡Ah! y para los que emplean expresiones de mal perdedor del tipo “disfruten de lo votado”, les sugiero que las guarden a buen recaudo porque ninguno de los partidos o coaliciones representados en el Parlamento actual llevaba en sus programas el fin del Pacto de Toledo y una legislación que contemplase una única fuente de financiación de las pensiones y es de allí, del Pacto de Toledo y de sus actualizaciones, de donde arrancan las amenazas contra ellas.

Por Jean Paul Marat para Diario 16

BREXIT Y GEOPOLITICA MUNDIAL

27 AÑOS DESPUÉS DE LA CAÍDA DEL MURO DE BERLÍN 

El Brexit redistribuye las cartas de la geopolítica mundial

por Thierry Meyssan

La prensa internacional se esfuerza ahora por imaginar cómo podría reactivarse la construcción europea, manteniendo a Rusia fuera de ella y, en lo adelante, sin poder contar con el Reino Unido. Por su parte, Thierry Meyssan estima que ya nada podrá evitar el derrumbe del sistema. Pero señala que lo que está en juego no es la Unión Europea en sí sino todo el conjunto de instituciones que permiten la dominación de Estados Unidos a nivel mundial e incluso la integridad misma de este último país.

Nadie parece entender las verdaderas consecuencias de la decisión británica de abandonar la Unión Europea. Los comentaristas, que se limitan a interpretar la política al nivel de los politiqueros y han perdido desde hace tiempo el conocimiento verdadero de los juegos de intereses regionales, se han focalizado en los detalles de una campaña absurda, protagonizada por dos bandos: el de los adversarios de una inmigración incontrolada y el de quienes amenazan al Reino Unido con los peores tormentos y calamidades.

Sin embargo, lo que realmente está en juego en esta decisión nada tiene que ver con esos temas. La diferencia entre la realidad y el discurso político-mediático es la mejor muestra de la enfermedad que padecen las élites occidentales: su incompetencia.

Aunque el velo se desgarra ante nuestro ojos, nuestras élites siguen sin entender la situación y están en una posición análoga a la del Partido Comunista de la Unión Soviética, que no supo prever las consecuencias de la caída del muro de Berlín, en noviembre de 1989: disolución de la URSS en diciembre de 1991; disolución del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME, también conocido bajo las siglas COMECON); disolución del Pacto de Varsovia, 6 meses después; y los intentos de desmantelamiento de la propia Rusia, que estuvo a punto de perder Chechenia.

En un futuro muy próximo, asistiremos –siguiendo esa misma mecánica– a la disolución de la Unión Europea; posteriormente, a la disolución de la OTAN; e incluso, si no tienen mucho cuidado, al desmantelamiento de Estados Unidos.

¿Qué intereses se mueven
detrás del Brexit?

A pesar de lo que parece indicar la fanfarronería de Nigel Farage, el UKIP no provocó el referéndum que acaba ganar. La decisión de organizar esa consulta fue impuesta al primer ministro David Cameron por un grupo de miembros del Partido Conservador.

Esos personajes estiman que la política de Londres debe consistir en adaptarse de forma pragmática a la evolución del mundo. Esta «nación de tenderos» –así la llamaba Napoleón– observa que Estados Unidos ya no es la primera economía mundial, ni la primera potencia militar. Así que ya no hay razones para tratar de seguir siendo sus socios más cercanos.

De la misma manera que Margaret Thatcher, quien no vaciló en destruir la industria británica para transformar su país en polo financiero mundial, exactamente de esa misma manera, esas personalidades conservadoras no han vacilado en abrir el camino a la independencia de Escocia y de Irlanda del Norte, y por ende a la pérdida del petróleo del Mar del Norte, con tal de convertir la City en el primer centro financiero offshore del yuan.

La campaña a favor del Brexit contó con amplio apoyo de parte de la gentry [la nobleza media y clases adineradas] y del palacio de Buckingham, que movilizaron la prensa popular para llamar los electores a recuperar la independencia del país.

Al contrario de lo que afirma la prensa europea, la salida de los británicos de la Unión Europea no será lenta porque la UE se derrumbará rápidamente, antes de que transcurra el tiempo necesario para el cumplimiento de las negociaciones burocráticas de dicha salida. En el pasado, los Estados miembros del CAME no tuvieron que negociar su salida de ese órgano de integración económica ya que este simplemente dejó de funcionar en cuanto comenzó el movimiento de centrífuga. Los Estados miembros de la Unión Europea que se aferran a las ramas y se empecinan en querer salvar lo que queda de la Unión, van a dejar pasar la posibilidad de adaptarse a la nueva situación y se verán en peligro de sufrir las dolorosas convulsiones que caracterizaron los primeros años de la nueva Rusia: caída vertiginosa del nivel de vida… y de la esperanza de vida.

Para el centenar de miles de empleados, funcionarios electos y colaboradores europeos que inevitablemente perderán sus empleos y para las élites nacionales que también dependen de ese sistema, lo más conveniente sería reformar urgentemente las instituciones para tratar de salvarlas. Todos creen, erróneamente, que el Brexit abre una brecha que los euroescépticos van a tratar de aprovechar. Pero el Brexit no pasa de ser una respuesta a la decadencia de Estados Unidos.

El Pentágono, que actualmente prepara la cumbre de la OTAN en Varsovia, tampoco ha entendido que ya no está en condiciones de imponer a sus aliados el aumento de sus presupuestos militares y de obligarlos a respaldar sus aventuras bélicas. La dominación de Washington sobre el resto del mundo ha llegado a su fin.

Estamos cambiando de era.

¿Qué es lo que va a cambiar?

La caída del bloque soviético fue, en primer lugar, la muerte de una visión del mundo. Los soviéticos y sus aliados querían construir una sociedad solidaria, que pondría en común la mayor cantidad posible de cosas. Pero acabaron lastrados por una enorme burocracia y dirigentes anquilosados.

El muro de Berlín no fue derribado por los anticomunistas sino que cayó ante el empuje de una coalición de las juventudes comunistas y las iglesias luteranas. Querían refundar el ideal comunista sin la tutela soviética, sin policía política, ni burocracia. Pero las traicionaron sus élites que, después de haber servido los intereses de los soviéticos, se dedicaron con el mismo celo a servir los intereses de Estados Unidos. Los electores más comprometidos con el Brexit quieren, en primer lugar, recuperar su soberanía nacional y hacer pagar a los dirigentes del oeste de Europa la arrogancia con la que les impusieron el Tratado de Lisboa, a pesar de que los pueblos habían rechazado, en 2004-2007, el proyecto de Constitución Europea. Pero es posible que esos electores también sufran una decepción ante lo que viene.

El Brexit marca el fin de la dominación ideológica de Estados Unidos, de la democracia barata de las «Cuatro Libertades». En 1941, en su discurso sobre el Estado de la Unión, el presidente estadounidense Roosevelt las definió como (1) la libertad de palabra y de expresión, (2) la libertad de cada cual de honrar a Dios como le parezca, (3) la libertad de vivir sin penuria y (4) la libertad de vivir sin miedo [a una agresión extranjera]. Si los ingleses quieren volver a sus propias tradiciones, los ciudadanos de Europa continental volverán a los cuestionamientos de la Revolución Francesa y la Revolución Rusa sobre la legitimidad del poder y modificarán profundamente sus instituciones, llegando incluso a correr el riesgo de ver resurgir el conflicto franco-alemán.

El Brexit también marca el fin de la dominación militaro-economica de Estados Unidos –ya que la OTAN y la Unión Europea no pasan de ser las dos caras de la misma moneda, a pesar de que instaurar la Política Exterior y de Seguridad Común llevó más tiempo que implementar el libre intercambio comercial. Yo redactaba hace poco una nota sobre esa política ante Siria. Analicé todos los documentos internos de la Unión Europea, los públicos y los que no se han publicado, y llegué a la conclusión de que fueron redactados sin ningún conocimiento sobre lo que realmente pasa en el terreno, pero a partir de las notas del ministerio alemán de Relaciones Exteriores, que a su vez reproduce las instrucciones del Departamento de Estado de Estados Unidos. Hace varios años hice un trabajo similar para otro país y llegué a una conclusión también similar, sólo que en aquel momento el “intermediario” no era el gobierno alemán sino el gobierno francés.

Primeras consecuencias
dentro de la Unión Europea

En este momento, varios sindicatos franceses luchan contra el proyecto de ley sobre el Trabajo redactado por el gobierno de Manuel Valls y basado en un informe de la Unión Europea, informe que a su vez retoma las instrucciones del Departamento de Estado de Estados Unidos. Aunque la movilización de la CGT  ya permitió que los franceses descubrieran el papel de la Unión Europea en el asunto, el hecho es que todavía no acaban de entender la relación entre la UE y Estados Unidos. Han entendido que, al invertir las normas y anteponer los acuerdos a nivel de empresa a los acuerdos ramales, el gobierno cuestiona el predominio de la Ley sobre los contratos. Pero no conocen la estrategia de Joseph Korbel y sus dos hijas –su hija biológica, la demócrata Madeleine Albright, y su hija adoptiva, la republicana Condoleezza Rice. El profesor Korbel aseguraba que, para dominar el mundo, Washington no tenía más que imponer una rescritura de las relaciones internacionales en términos jurídicos anglosajones. Efectivamente, al poner el contrato por encima de la Ley, el derecho anglosajón privilegia a la larga a los ricos y poderosos en relación con los pobres y los miserables.

Es probable que los franceses, los holandeses, los daneses y otros pueblos también traten de separarse de la Unión Europea. Para lograrlo, tendrán que enfrentarse a las clases dirigentes de sus países. ¿Cuánto puede durar esa lucha? Es imposible predecirlo, pero es indudable el resultado. En todo caso, en medio del periodo de cambio que ya se anuncia, manipular a los obreros franceses resultara muy difícil. No será así con sus homólogos ingleses, actualmente desorganizados.

Primeras consecuencias
para el Reino Unido

El primer ministro David Cameron utilizó las vacaciones de verano como pretexto para posponer su renuncia hasta octubre. Su sucesor, que sería en principio Boris Johnson, tiene así tiempo para preparar el cambio y aplicarlo en cuanto entre en Downing Street. El Reino Unido no esperará hasta su salida definitiva de la Unión Europea para seguir su propia política, comenzando por apartarse de la política de sanciones contra Rusia y Siria.

Al contrario de lo que hoy escribe la prensa europea, el Brexit no afectará directamente a la City de Londres, o sea a la gran finanza. Dado su particular estatus de Estado independiente bajo la autoridad directa de la Corona, la City no ha sido nunca parte de la Unión Europea. Por supuesto, ya no podrá seguir siendo sede de algunas casas madres de empresas que tendrán que replegarse hacia los territorios de la Unión Europea. Pero podrá utilizar la soberanía de Londres para desarrollar el mercado del yuan. Ya en abril, la City obtuvo los privilegios necesarios para ello mediante la firma de un acuerdo con el Banco Central chino. Y también desarrollará sus actividades como paraíso fiscal para los europeos.

Si bien es cierto que el Brexit desorganizará temporalmente la economía británica, en espera de la adopción de nuevas reglas, es muy probable que el Reino Unido –o al menos Inglaterra– se reorganice rápidamente para sacar el mayor provecho de su nueva situación. Queda por ver si los promotores de este terremoto tendrán la sabiduría de hacer que también beneficie a su pueblo: el Brexit es un regreso a la soberanía nacional, pero no garantiza la soberanía popular.

El panorama internacional puede evolucionar de maneras muy diferentes, en función de las reacciones que ya aparecen. Pero, aunque algunos pueblos se vean afectados, ese panorama será mucho más realista, tanto como los británicos, en lugar de aferrarse a un sueño hasta acabar estrellándose contra la dura realidad.

Thierry Meyssan

HALCONES Y PALOMAS EN LA IZQUIERDA ABERTZALE

Txema Montero cuenta como le expulsó el clan Rufi cuando iban de halcones

En aquel momento en HB están los históricos. Cuando me echan es justo porque ha entrado  la Mesa Nacional donde entran todos los nuevos: Floren Aoiz,  Felipe San Epifanio,  todas las juventudes de KAS, Jarrai. En contra, haciendo lo que podían, estaban Jon Idígoras, Patxi Zabaleta, lñigo lruin ... Y he de decir que algunos de los que estaban de acuerdo conmigo y que no querían manifestarlo, ya no paulinamente sino en grupo, que se fueron para Aralar: Patxi Zabaleta, Iñaki Aldekoa y todos éstos. Iñigo lruin no, es un hombre a quien lo que más le preocuparía en su vida es tener que cambiar de club.

 Antes de que me echasen hablaba muchísimo de estas cosas, pero a partir de que me echan, el trato es formal, correcto, educado, muy profesional con algunos asuntos que hemos tenido jurídicos, algunas otras cosas no tan jurídicas, pero no muchas ... Creo que él no ha cambiado la forma de pensar y, por tanto, creo entenderle muy bien. Yo a Iñigo Iruin le reconozco el valor de «boya». Cuando los pescadores calan una red y quieren saber dónde está la red calada, tienen que tener una boya en la superficie e Iñigo es una boya, para los unos y para los otros; y esa boya se pinta del color del mar para camuflarse cuando no toca, y cuando empieza a haber posibilidades de un diálogo, se cambia por un color más estridente y es cuando empieza a aparecer más en público. Aunque algunos le pongan esa fama, yo no creo que sea una persona dura, de los intransigentes, de los que dicen que no, y leña al mono hasta que hable inglés ... No, no es así; ahora, cada uno tiene sus contradicciones paradojas y sus historias. Con Iñigo lruin he hablado muchas horas  he viajado con él, que en los viajes siempre se habla más, y hemos estado reunidos, y juntos en situaciones duras, muy complicadas donde había que mantener el tipo y echar para adelante y mantener las condiciones. Ahora han pasado muchos años, era 1992 cuando dejé de tener relación  política con él, pero me atrevo a pensar que no es intransigente que Iñigo tiene un proyecto de Euskadi en la cabeza que él sabe  que para que salga adelante tiene que ser compartido y plural, y con lo que representa su movimiento ese proyecto es inviable.

En Euskadi no es  posible para nadie llevar adelante su proyecto político, nadie, la pluralidad no es un invento, es consustancial a nuestro país, es un signo determinante, como la pluviometría, como la orografía ... Eso sí, yo cuando se empieza un proceso, siempre pregunto si está Iñigo, porque si el está es cuando el proceso tiene alguna relevancia.

El final de mi pertenencia a Herri Batasuna se produce de la manera más transparente posible. Las personas son importantes porque son parte de la historia, y José Félix Azurmendi, que ya es en momento subdirector de Deia, con motivo del 15 aniversario del periodico me pide un artículo sobre cómo veo el futuro. Escribo un artículo que se llama «Por la independencia de Euskadi» y digo dos cosas:

Que la  lucha armada sobra (lo que dice ahora rufi y otegi), que hay que acabar con el pensamiento «Oye, yo no he pedido un artículo tan autocrítico». Claro, él había sido director de Egin,estaba expulsado, y aquello empezaba a parecer una conspiración entre José Félix y yo, que no lo era, claro. Interviene un tercero, que es Joseba Egibar, haciendo unas declaraciones que para los enterados eran claras: «No crean ustedes que HB es una cosa compacta, porque de poco vamos a tener conocimiento ... ». Yo leo aquello y digo: le han pasado a Joseba Egibar el artículo y ya está haciendo de heraldo de lo que va a ocurrir» ...

militarizado; y que hay que utilizar las instituciones existentes para a través de las mismas, profundizar en el autogobierno y la autodeterminación. No era un artículo de publicación inmediata porque era para un cuadernillo especial que iba a ser impreso en una imprenta aparte de la del periódico, quiero decir, que escribo el artículo un 2 de mayo y se va a publicar quince días después. Entonces ocurren dos cosas, La primera, que José Félix me llama y me dice:

 Al mismo tiempo, ese artículo lo mando a la Mesa Nacional para que lo lean, lo vean y lo discutan. Reciben mi artículo; cambian el orden del día; se ponen a analizado y a cuatro horas me llama alguien y me dice que, reunida la Mesa y analizado el artículo que iba a publicar, consideran que estoy autoexcluido, y que se comunicará a las bases. Era un problema porque acababan de comunicar que estaba excluido sobre la base de un articulo que no se iba a publicar hasta el domingo siguiente; entonces ellos tienen que filtrar el artículo a la prensa para que los militantes leyeran lo que se iba a publicar y supieran el motivo de la expulsión.

En la Mesa había dieciocho o diecinueve personas. Jon Idígoras, que dice que no, que ya sabemos de qué va Txema Montero y esto no es más que uno más de sus pensamientos, de sus evoluciones; Tasio Erkizia, Rufi Etxeberria, José María Olarra, Floren Aoiz, que son los que dicen que Deia, y tal y cual. Me comunican eso a la noche y al día siguiente me llamó Patxi Zabaleta para ver si me habían llamado; le dije que sí: «¡Joer, pues yo no he dormido en toda la noche, he estado esperando ahora a la mañana!». Y le digo: «Si no importa, qué se le va a hacer, yo ya sé más o menos la discusión que habéis tenido, más o menos lo que habéis dicho cada uno, me habéis echado y punto».

y luego llegó la otra parte, que fue convocar asambleas pueblo por pueblo para que en cada pueblo me echasen, o sea, el proceso fue bastante inquisitorial o extra lineal. O sea, que me echaron de casi todos los pueblos -de ciento y pico asambleas- a excepción de, curiosamente en los pueblos que empezaron a formar parte de Aralar, tanto en Guipúzcoa como en Vizcaya ... 

De repente me encuentro con que llevaba desde los 18 años en la izquierda abertzale; en ese momento tenía 38, o sea veinte años, toda mi vida, y siento un vacío absoluto, una sensación tremenda de orfandad. No sabía qué iba a ser de mi vida a partir de ese momento porque todo lo que he participado, todo mi compromiso, mis relaciones, se han han echo polvo. Incluso muy formalmente dice Rufi Etxeberria: «A partir  de el 15 de junio de 1992», así, ¿eh? «Txema Montero es ya historia dentro de HB». 

Publicado 6th September 2013 por Euskal Herria Sozialista

http://euskalherriasozialista.blogspot.com.es/

CONDECORACIONES DEL GOBIERNO ESPAÑOL

Las 7 condecoraciones más 'divinas' y 'populares' del Consejo de Ministros

El Gobierno del PP ha tenido una larga lista de polémicos reconocimientos y medalla

Vírgenes, exsenadores, periodistas o políticos extranjeros. La lista de condecoraciones polémicas que ha realizado el actual Gobierno del PP es muy variada y siempre poco clara. El Boletín Oficial del Estado nos ha dejado todas estas medallas, nombramientos y condecoraciones, cuanto menos, difíciles de explicar.

1Roberto Roy

Ministro de Asuntos del Canal de Panamá, le fue concedida la Cruz del Mérito Civil, que se concede a personas que “hayan prestado servicios distinguidos a España o una notable colaboración en todos aquellos asuntos que redunden en beneficio de la Nación”. No se sabe de qué servicios habla, aunque estas últimas semanas hemos visto que Panamá se ha puesto a la altura de Suiza en popularidad para los españoles.

2Adriano Marqués de Magallanes

Exsenador y exdiputado del Partido Popular, se le ha concedido también la Cruz del Mérito Civil. 

AdrianoMarquésdeMagallanes.jpg

3Leopoldo Rubio Ramonde

Hermano del director del diario ABC, se le concedió el pasado abril un puesto en la Orden Civil de Alfonso X. ¿Sus logros? Hasta que el BOE los amplíe, haber sido durante 32 años alcalde popular de Cedeira (A Coruña).

4Francisco Marhuenda

Director del diario La Razón, fue nombrado también en abril comisario honorario por el ministro del Interior, un galardón que sólo se concede una vez al año. Su mayor labor, sin duda, ha sido ser tertuliano a tiempo completo a favor del Partido Popular.

El director del periódico "La Razón", Francisco Marhuenda, durante una entrevista concendida a Efe.

5Santísima Virgen de los Dolores

También el ministro Jorge Fernández Díaz concedió en octubre de 2015 la Cruz de Plata de la Guardia Civil a esta advocación de la virgen. Los méritos para este galardón que vio el ministro en la patrona de la localidad malagueña de Archidona siguen siendo un misterio.

6Nuestra Señora María Santísima del Amor

Otra representación de la virgen que fue condecorada por Fernández Díaz. En este caso con la medalla de oro al mérito policial, la mayor de este Cuerpo. En este caso se explicó que fue ” por petición de la dirección de la Policía en favor de la cofradía "de Culto y Procesión de Nuestro Padre Jesús 'El Rico' y María Santísima del Amor" con la que el cuerpo mantiene "una estrecha colaboración, principalmente en actos celebrados durante la Semana Santa".

7Virgen del Pilar

Pero las condecoraciones a vírgenes ya comenzaron en 2012, cuando también Fernández Díaz concedió la Gran Cruz de la Guardia Civil a la patrona de Zaragoza y de este Cuerpo. Esta decisión se tomó, como curiosidad, en el mismo Consejo de Ministros en el que se presentaron los Presupuestos Generales del Estado. Según Europa Press, el motivo de la concesión fue que se cumplían 100 años desde que la Virgen del Pilar era patrona de la Guardia Civil.

@GodoyWulffen

http://www.elplural.com/

CUBA Y SU FUTURO

El futuro de Cuba

EL 21 de marzo pasará a la historia. La fotografía de Obama en la Plaza de la Revolución, depositando flores sobre el monumento de José Martí ante la figura de Che Guevara y Camilo Cienfuegos, es algo que no podremos olvidar. Nadie puede negar que la visita de tres días del presidente de EE.UU. ha sido cuidadosamente escenografiada. Salvo el extraño apretón de manos entre Raúl Castro y Barack Obama, nada ha sido fruto de la improvisación. Ni siquiera la ausencia más destacable, la de Fidel.

Este acontecimiento simboliza un nuevo tiempo para ambos países. La visita ha puesto el broche a una larga lista de movimientos diplomáticos. En diciembre de 2014, el presidente de EE.UU. reconocía al mundo que el aislamiento no había funcionado. Contra todo pronóstico, el embargo comercial de más de cincuenta años no había conseguido mejorar la situación del pueblo cubano. Se anunciaba así el restablecimiento de las conversaciones diplomáticas y un nuevo paquete de medidas flexibilizadoras para “poner el interés del pueblo de ambos países en el corazón de las políticas”. Más tarde, en abril, ambos presidentes se encontrarían en la VII Cumbre de las Américas y, en agosto, reabrirían sus respectivas embajadas.

En sus intervenciones públicas, en La Habana, Obama insistió en la necesidad de mejorar el respeto a los derechos humanos y las libertades políticas. Al fin y al cabo ese ha sido el motivo para justificar décadas de hostilidad. Tal vez se refería a la prisión estadounidense de Guantánamo, símbolo internacional de la injusticia, donde cientos de personas han sido detenidas ilegalmente y torturadas, o a todos los lugares a lo largo y ancho del planeta donde, por acción u omisión, se incumplen de manera sistemática los derechos humanos (por cierto, los derechos de las mujeres también son derechos humanos). Probablemente no tuvo ocasión de hacer referencia a esa parte; las preguntas incomodas estaban siendo dirigidas a Raúl Castro.

El tono de sus declaraciones era más o menos el esperado. Puede que ligeramente descafeinado, como denunciaba parte de la disidencia cubana, que calificó la visita de traición. Algo comprensible pues realmente no ha habido cambios en esa materia, al menos en los términos que esta plantea. Quizá, la ayuda de 30 millones de dólares para continuar apoyando su causa mitigue ese sentimiento.

Sabemos que la defensa de los derechos humanos es siempre una excusa recurrente. Los estados no invaden países o desestabilizan gobiernos. Resulta más apropiado decir que defienden la democracia y los derechos humanos en el mundo. Pero, no nos engañemos, ni Obama ni ningún líder político suele ir a otro país a hablar de derechos humanos. Van a hacer negocios.

El cambio de estrategia de EE.UU. en Cuba responde a dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, a los intereses de las empresas estadounidenses, que llevan años quejándose por quedarse fuera del mercado cubano. Sobre todo desde que, en 2011, el gobierno cubano comenzara a implementar diversas medidas para la actualización del modelo económico. Desde entonces, numerosos gobiernos han ido acercándose a la isla como las abejas a la miel. François Hollande fue el primer líder europeo en hacerlo. Pronto lo hará Felipe VI.

Si hay algo que tienen en común todas las visitas institucionales es que los representantes políticos nunca viajan solos. Por si alguien no se hubiera dado cuenta, junto a Obama, numerosos senadores, congresistas y empresarios han visitado la isla. Un séquito de 800 personas, hombres en su mayoría, muy interesados en la defensa de los derechos humanos.

En segundo lugar, no podemos perder de vista los intereses geoestratégicos en América Latina. Es importante ampliar la mirada y entender de qué manera incidirá la normalización de las relaciones en la región. Mientras Obama mantenía su agenda oficial, el secretario de Estado John Kerry tenía la suya propia y no perdía la ocasión para reunirse con el gobierno colombiano y las FARC e interesarse por el proceso de paz, prometiendo invertir más de 450 millones de dólares en el posconflicto.

Tras la visita a La Habana, Obama también viajó a Argentina. Esta vez no sé mostró tan contundente en materia de derechos humanos, a pesar de que el momento era bastante propicio. Su estancia coincidía con el 40 aniversario del golpe militar, alentado por EE.UU., que dio origen a la dictadura. En lugar de escuchar al pueblo prefirió bailar un tango y cerrar otros tantos acuerdos comerciales.

Es evidente que la apertura comercial es sinónimo de amistad. Permite que un país deje rápidamente la lista de “patrocinadores del terrorismo”. Cuba ha tenido esa suerte. Con ello, es previsible que los mensajes sobre Cuba asociados a “régimen”, “dictadura” o “falta de libertad de expresión” se vayan disipando. De la misma forma que no se habla de los asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos en Honduras, por poner un ejemplo. Por el contrario, algunos medios de comunicación, debidamente instigados por los poderes económicos, centrarán toda su ira nuevamente en Venezuela, que sigue siendo catalogada como una amenaza a la seguridad -del capitalismo- o en todo aquello que ponga en cuestión el poder establecido.

En poco tiempo, tal y como pedía Obama, el mundo padecerá cierta amnesia y más de uno creerá que el capitalismo ha salvado a Cuba. Quien no lo hará será el pueblo cubano, 11 millones de personas que han resistido y resisten todavía hoy a las políticas del país más poderoso del planeta, siendo capaces de mantener entre otras cosas un buen sistema educativo y de salud, como reconocen la Unesco y la OMS. Algo que, por cierto, el presidente de EE.UU. también olvidó reconocer y de lo que Fidel Castro tuvo que responder para evitar un infarto.

Este mes, el Partido Comunista de Cuba celebrará su séptimo congreso, coincidiendo con el 55º aniversario de la Declaración del carácter socialista de la Revolución. Sin duda, el país enfrenta un periodo de grandes desafíos en este nuevo contexto. Y sí, también en materia de derechos, porque de eso lamentablemente no se libra ningún país. Debe ser capaz de actualizar el modelo económico manteniendo los principios y valores que dieron sentido a la revolución de 1959, proceso sobre el que, con sus aciertos y desaciertos, solo corresponderá decidir al pueblo cubano. El espíritu que precisamente representa la Plaza de la Revolución.

POR SAIOA POLO PARA DEIA

EUROPA SE VUELVE XENOFOBA

Europa en disputa: refugiados, xenofobia, identidades y lucha de clases

Hoy más que nunca, a Europa le sangran las fronteras y le brotan las alambradas. Y es que la UE está respondiendo a la mayor crisis de refugiados de su historia (y al que posiblemente sea su mayor desafío en décadas) levantando muros, instalando centros de internamiento masivo, y recortando derechos y libertades a nativos y migrantes.

Muros construidos no solo con concertinas, sino sobre el miedo al otro, a lo desconocido, y que agrandan la brecha entre ellos y nosotros. Muros tras los que se refuerzan los repliegues identitarios y los nacionalismos excluyentes. Muros que reavivan antiguos fantasmas que hoy, de nuevo, recorren Europa. Los mismos fantasmas contra los que, supuestamente, aquel sueño europeo se levantó hace décadas.

Los cadáveres de los náufragos de las pateras, los muertos en los desiertos y las vallas fronterizas son la expresión de otra forma de racismo: la xenofobia institucional. Un racismo de guante blanco, anónimo, legal y poco visible pero constante, que sitúa una frontera entre los que deben ser protegidos y los que pueden o efectivamente resultan excluidos de cualquier protección.

Una degradación de la seguridad jurídica y policial organizada con el objetivo de quebrar al migrante, para que se dé la vuelta o para que termine entrando sin derechos ni garantías, generando así una mano de obra dócil, amenazada y fácilmente explotable gracias a unas políticas públicas que vulneran sus derechos y les vuelve vulnerables.

Una estrategia de exclusión de la ciudadanía plena que busca fragilizar a un colectivo, el migrante, para contribuir así a fragmentar aún más a toda la población. Es una peración consustancial a la guerra entre los pobres, a la lucha de clases de los últimos contra los penúltimos, donde prima la competencia entre autóctonos y foráneos por acceder a recursos cada vez más escasos: el trabajo, y las prestaciones y servicios de bienestar social.

Desde las instituciones europeas y los partidos del establishment son recurrentes las llamadas de alerta ante el auge de actitudes racistas y organizaciones xenófobas. Sin embargo estas instituciones y partidos, en lugar de plantear propuestas, medidas o políticas para combatir los discursos xenófobos y excluyentes, están aceptando el terreno de confrontación que propone la extrema derecha, y asumen buena parte de sus postulados. En última instancia, normalizan ese discurso y legitiman el espacio político que conjuntamente van generando.

Es lo que en Francia se conoce desde hace años como “lepenización de los espíritus” y que hoy recorre casi toda Europa. Solo tenemos que comprobar cómo las instituciones y gobiernos de la UE han endurecido tanto sus declaraciones como las leyes de migración y asilo ante la crisis humanitaria de los refugiados. Especialmente conocidos son los casos de países de tránsisto como Hungría o de acogida como Dinamarca, pero lamentablemente no son los únicos.

Pero ni la xenofobia institucional ni esta operación de exclusión de matriz económica son los únicos caldos en los que se cultiva la xenofobia política y social que hoy vemos brotar por toda Europa. Cabe señalar también los esfuerzos permanentes por estigmatizar a la población migrante, presentándola social e institucionalmente como un problema de orden público. De esta forma se facilita la xenofobia institucional y se pretenden justificar las leyes y medidas regresivas, pero también se abre la puerta a la retórica del populismo punitivo, como hemos podido comprobar en los casos de la expulsión de roms en Francia o en campamentos como los de Calais.

Una situación (recordémoslo: fabricada políticamente, que no cae del cielo cual fenómeno meteorológico) que normaliza el discurso de la extrema derecha y le otorga una audiencia de masas, especialmente entre sectores de la clase obrera y de las clases medias duramente golpeadas por la crisis económica. Pero no todo el mérito es de quienes contribuyen a sembrar: hay que reconocer que los nuevos partidos post, neofascistas y populistas xenófobos están aprendiendo rápidamente a recoger estos frutos. Capitalizan políticamente la cuestión migratoria y la crisis humanitaria de los refugiados, cargando la culpa de cualquier malestar social a estos “otros”, supuestamente portadores de una alteridad irreductible y que, además, compiten a la baja en un mercado laboral en crisis.

Como escribía Vicenç Navarro hace unos años en este mismo medio, “hay que entender que es racista no el más ignorante, sino el más inseguro. Es precisamente esta inseguridad lo que explica el gran crecimiento de la derecha y ultraderecha en Europa.” En este sentido, ante la inseguridad por la competencia laboral, la pérdida de derechos y prestaciones sociales, se exacerba la utilización del aparato represivo y penal como herramienta principal para resolver los problemas de (in)seguridad social.

Paralelamente, la pobreza también se construye como enemigo, pero el objetivo no es tanto acabar con la pobreza como acabar con los pobres. De esta forma, hemos pasado de atender la pobreza desde la extensión del Estado social a combatirla desde la profundización de un Estado policial que estigmatiza y criminaliza a las personas empobrecidas. Ante la imposibilidad de solucionar la inseguridad derivada de las políticas de ajuste y austeridad, de la precarización del mercado laboral y de la pérdida de derechos y prestaciones sociales, se problematizan fenómenos sociales como la migración o la pobreza. Y se proponen resolverlo con “mano dura”: más policía, más cámaras de seguridad, más reclusos en las cárceles. La UE está hoy en guerra contra la inmigración y contra los pobres en general, fomentan una guerra entre pobres que canaliza el malestar social en su eslabón más débil (el migrante, el extranjero o simplemente el “otro”), eximiendo así a las élites políticas y económicas responsables del expolio.

Ante esta inseguridad social, la extrema derecha con reclamo identitario configura la imagen de un peligro potencial para la integridad de la comunidad nacional. Un recurso, por cierto, reiteradamente utilizado a lo largo de la historia para fortalecer la cohesión y asegurar el consenso social. Una estrategia que aporta no solo un enemigo sobre el que dirigir el malestar, sino también una propuesta en positivo: reconquistar la identidad como comunidad, salvaguardar el concepto agregativo “nosotros”. Una movilización que supera así la inmediatez de la protesta y de la reacción frente al malestar coyuntural a través de un proyecto de largo aliento: reconstruir una identidad amenazada. Amenazada por peligros que se construyen y renuevan permanentemente, convirtiéndose así en identidades “predatorias”.

Vemos pues cómo se conforma un populismo de exclusión y carácter diferencialista que apela explícitamente a la discriminación de sectores sociales según su origen o pertenencia cultural, y que va entrando de tal forma en el tuétano de la sociedad que contribuye a justificar su expulsión, de manera más o menos explícita, de la comunidad. Una restricción al concepto de pertenencia “nacional” o “europea” que ataca directamente el concepto de protección jurídica en relación a la pertenencia a la comunidad, que llega incluso a la exclusión legal y sienta las bases programáticas de la xenofobia política del siglo XXI.

Pero frente a la xenofobia institucional, el auge de movimientos racistas y los recortes de derechos y libertades, existe otra Europa en marcha desde abajo: propuestas políticas como la de las Ciudades Refugio o los innumerables ejemplos de redes de auto-organización, apoyo mutuo y solidaridad ciudadana con las personas refugiadas y migrantes que nos demuestran que no solo otra Europa es posible, sino también y sobre todo que hoy la propia idea de Europa y del proyecto europeo está en disputa.

Que el campo de batalla se esté desviando cada vez más hacia las identidades y las pertenencias muestra, por un lado, que a día de hoy existe una disyuntiva real entre luchas xenófobas y lucha de clases y que, en esa disputa por determinar el campo de batalla, por el momento vamos perdiendo. De nosotros depende cambiar la situación. Y eso pasa, también, por disputar Europa.

Eur diputado de Podemos

Miguel Urban - Público.es

Palestina

Palestina, entre la ocupación y el apartheid

Mientras persista esta política se seguirán produciendo nuevos ciclos de protestas y violencia

La prolongada ocupación israelí de los territorios palestinos aleja la solución de los dos Estados y la implantación del Estado palestino. Un Estado binacional emerge como tercera posibilidad, pero choca con la intransigencia del gobierno de Israel. Los ciclos de violencia y sufrimiento perduran en la región, ocupada desde 1967. Por José Abu-Tarbush (*)

La prolongada ocupación colonial de los territorios palestinos en 1967, sin perspectivas de resolución a corto ni a medio plazo, no es ninguna novedad. Antes bien, parece haberse transformado en la normalidad o, dicho con mayor precisión, en el intento por normalizar una situación tan anómala como la ocupación militar israelí, que perdura desde hace unas cinco décadas. 

Nada indica que esta situación vaya a cambiar sustancialmente en los próximos años. Es de temer, por tanto, que la ocupación alcanzará su medio siglo de existencia en 2017. 

Esto significa que no se implementará la solución de los dos Estados, ni tampoco se materializará el proclamado y crecientemente reconocido Estado palestino. 
  
Negativa israelí 
  
La previsión de este escenario descansa, fundamentalmente, en la manifiesta y sistemática negativa de Tel Aviv a poner fin a su ocupación militar. Por si quedaba alguna duda, el propio Netanyahu se encargó de disiparla durante los ataques a la Franja de Gaza en el verano de 2014. Entonces manifestó que nunca aceptaría un Estado palestino plenamente soberano en Cisjordania. No se refería a una supuesta desmilitarización, sino a que no tenía cabida otra entidad estatal —con existencia soberana e independiente— al oeste del río Jordán que no fuera la israelí. Su rechazo a un Estado palestino fue reiterado durante la pasada campaña electoral israelí, en marzo de 2015. 
  
Por primera vez el primer ministro israelí dejaba de decir en público una cosa y, luego, hacer otra o la contraria. Entonces afirmó sin ambages lo que realmente pensaba y hacía: retener los territorios palestinos y continuar su incesante colonización. Esta política de asentamientos socava la base territorial de un futuro Estado palestino e imposibilita la solución de los dos Estados que, cabe recordar, es la opción que mayor consenso político y jurídico posee en la sociedad internacional. 
  
El secretario de Estado norteamericano, John Kerry, advirtió en 2013 que el tiempo para implementar dicha solución se agotaba, apenas quedaba uno o dos años a lo sumo. Luego sería inviable. Ese tiempo ya ha pasado.  Más recientemente, en diciembre de 2015, reiteró que la persistencia de la ocupación israelí conducía a un Estado binacional. Aunque Washington no respalda esta opción, advertía sobre la deriva israelí al prolongar su ocupación y persistir en la colonización del territorito palestino con la multiplicación de los asentamientos y el número de colonos (incrementado en unos 300.000 en Jerusalén Este y cerca de 400.000 en Cisjordania, donde podría elevarse a 600.000 en 2019). 
  
Ni dos Estados, ni uno binacional 
  
Paradójicamente, cuanto más apoyo ha cobrado en la escena internacional la denominada solución de los dos Estados más se aleja su implementación. En el ámbito político y diplomático Palestina adquirió un nuevo estatus en la ONU como Estado observador no miembro en noviembre de 2012; y el Estado palestino, ceñido a las fronteras de 1967, ha sido reconocido por unos 136 Estados, entre los que destacan algunos miembros de la Unión Europea. Suecia lo reconoció en octubre de 2014; y varios parlamentos europeos —el español, entre otros— han conminado a sus respectivos gobiernos a reconocerlo. 
  
Pero, de momento, la única opción existente sobre el terreno es el actual statu quo de ocupación y segregación, que sólo amenaza con prolongarse y producir más violencia y dolor.  Entre el mar Mediterráneo y el río Jordán sólo existe un Estado, el israelí, en el que su ciudadanía goza del respeto a los derechos humanos, las libertades civiles y las reglas del juego democrático. Paisaje del que está excluida la población palestina que, dividida en diferentes subcategorías, sufre la tiranía de la segregación y de una prolongada e indefinida ocupación militar. 
  
Como potencia ocupante, Israel tiene la capacidad —aunque no la voluntad— de poner fin a su ocupación militar y dar lugar a un Estado palestino, que coexista en paz y seguridad con el israelí. La otra opción que tiene es desmantelar su estructura de ocupación militar y segregación racial, con la integración de la población palestina como parte de su ciudadanía, dotándola de los mismos derechos que posee la israelí. Esta solución de un solo Estado, binacional, de todos sus ciudadanos, con los mismos derechos, independientemente de su origen étnico o confesional,  es la que quedaría todavía por explorar. 
  
Muchas voces, israelíes y palestinas principalmente, reclaman de manera creciente esta opción no sólo por la inviabilidad de la de los dos Estados, sino por considerarla más justa, estable y, a la larga, duradera.  Consideran que la resolución de la cuestión palestina no se reduce solamente a los territorios ocupados por Israel en 1967, sino que la raíz del problema remite a la limpieza étnica de la que fue objeto Palestina entre 1947 y 1948, durante los acontecimientos que rodearon la creación del Estado israelí. 
  
Desde esta óptica, un mini Estado palestino sólo solucionaría, en el mejor de los casos, un parte del problema, pero dejaría sin resolver la relevante cuestión de los refugiados y su derecho al retorno.  Sin olvidar la discriminación institucionalizada que sufre la denominada minoría árabe-israelí o, igualmente, los palestinos con ciudadanía israelí, integrada por 1.390.000 habitantes (el 17,6 por ciento de la población israelí); y que es percibida como una quinta columna o amenaza demográfica. Sin incluir en esta categoría a la población palestina en Jerusalén Este (330.000), por carecer de ciudadanía israelí, pese a que las fuentes israelíes suelen incluirla como parte de dicha minoría. 
  
Seguramente, a la luz de los acontecimientos violentos que se registran en Jerusalén y parcialmente en Cisjordania desde septiembre de 2015, parece una idea descabellada o, cuando menos, poco realista. Si en esta ciudad binacional de facto no pueden convivir pacíficamente palestinos e israelíes, cabe preguntarse por qué sería diferente en un futuro Estado unificado y binacional de iure. Un razonamiento similar se hacía en la Sudáfrica del apartheid ante un futuro sin segregación racial.  
  
Pero la pregunta parece trucada. La convivencia pacífica se produce en un espacio de libertad y justicia, no donde domina su privación y reina la vejación y humillación de manera sistemática y cotidiana. Desde 1967 varias generaciones de palestinos no conocen otro horizonte que la ocupación, la opresión y la discriminación. No tienen ningún porvenir ni advierten perspectivas de solución. Esta acumulada frustración explicaría los ataques individuales, de acuchillamiento, sin dirección ni organización política. Es más, reflejan también una falta de credibilidad en los distintos actores políticos y, en particular, en la Autoridad Palestina (AP), que no proporciona protección a la población bajo su administración ni frente a Israel. De hecho, esta oleada de violencia viene precedida por la de los colonos, que quemaron viva a una familia palestina en Cisjordania a finales de julio. Sin olvidar la violencia estructural de la ocupación militar.  

Apartheid, resistencia y violencia 
  
No parece que estas opciones de resolución estén cercanas ni sean contempladas por los actuales dirigentes israelíes. Con uno de los gobiernos más escorados hacia la ultraderecha nacionalista y religiosa de su historia, nada indica una estrategia alternativa.  De hecho, el gobierno que preside Netanyahu se opone a toda solución que no sea la prolongación del actual statu quo. No está dispuesto a compartir el territorio con un Estado palestino, pero tampoco a conceder los derechos de ciudadanía de su Estado a la población palestina que ocupa. 
  
Por el contrario, muestra una clara disposición a mantener la ocupación segregacionista y asumir los costes de su política colonial. Su intransigencia se asienta en el tradicional respaldo e inmunidad internacional; en una potente maquinaria militar; y en un aparato de propaganda que culpabiliza a las víctimas y descalifica toda crítica a su política. Semejante atrincheramiento no es del todo ajeno a la actual coyuntura regional, de profunda inestabilidad y conflictividad, ni a la persistente debilidad y división palestina. 
  
Las revueltas antiautoritarias conocidas genéricamente como primavera árabe (2010-2011) sólo concretaron su triunfo en Túnez, con una transición a la democracia amenazada por el terrorismo yihadista y una importante debilidad socioeconómica.  En Bahréin y Egipto se ha reforzado el autoritarismo. Mientras que en Libia, Yemen y Siria la autoridad gubernamental ha menguado o desaparecido por completo debido a la confrontación civil y las intervenciones externas, dando lugar a Estados fallidos. Sin olvidar otras situaciones parcialmente similares, retroalimentadas desde mucho antes como en Irak; y las amenazas de contagio o expansión por diferentes países de la zona como Líbano y Jordania, entre otros. 
  
En suma, toda la región se encuentra inmersa en un clima de alta tensión, con diferentes registros de crisis, inestabilidad y conflictos armados. Sus rupturas internas (entre oposición y gobierno) se entrecruzan y solapan con las externas, de rivalidad regional (Arabia Saudí e Irán) e internacional (Rusia y Estados Unidos); además de las transnacionales articuladas por la emergencia y expansión del autodenominado Estado Islámico o Daesh (por sus siglas en árabe). 
  
Por su parte, el conjunto del movimiento palestino permanece débil y dividido. Junto a la creciente fragmentación territorial de Cisjordania, la separación de Jerusalén Este, y el continuo aislamiento o bloqueo de Gaza, persiste el desencuentro político entre Fatah y Hamás. Pese a las sucesivas negociaciones y acuerdos teóricamente alcanzados, ambas organizaciones han mostrado una reiterada incapacidad para apartar sus diferencias partidistas en favor de la unidad nacional. 
  
Sus discrepancias no sólo son políticas e ideológicas, sino también estratégicas sobre cómo confrontar la ocupación: resistencia armada o política y diplomática. Hamás no otorga crédito a la apuesta de la AP. Entiende que su esfuerzo de internacionalización de la resolución del conflicto (creciente reconocimiento internacional del Estado palestino y adhesión a tratados internacionales como el de la Corte Penal Internacional) no va a ningún sitio sin el respaldo de un poder efectivo sobre el terreno. Mientras que la AP responde que la alternativa armada no conduce más que a un círculo incesante de destrucción y sufrimiento. 
  
A estas diferencias se suma la creciente contestación interna a la actual dirección de la AP, incluso dentro de las filas de Fatah, el partido gubernamental.   Sus críticos se centran en la figura de Abbas, a quien reprochan no haber nombrado sucesor, no convocar elecciones, ni adoptar reformas para acabar con la corrupción en su administración; además de mostrar un creciente autoritarismo hacia las voces críticas y disidentes. 
  
Con este panorama no parece que Israel priorice negociar o llegar a un arreglo con la AP, salvo mantener la coordinación en materia de seguridad. Ante su hipotético deterioro o suspensión, el gobierno israelí está adoptando medidas frente a lo que entendería como un colapso de la AP por incumplir la función que unilateralmente le ha asignado, de subcontrata de la seguridad de la ocupación. Por el contrario, su principal atención se focaliza en los cambios que se están produciendo en la región. En particular,  en el ascenso regional de Irán; y, tras sellarse el acuerdo nuclear en Viena, en julio de 2015, en su creciente rehabilitación internacional después de cuatro décadas de aislamiento. De hecho, las principales intervenciones militares israelíes en el conflicto sirio se han dirigido contra Hezbolá, que en la actualidad es el más importante aliado de Teherán al otro lado de sus fronteras.    
  
No obstante, es de temer que la apuesta israelí en sus tradicionales bazas estratégicas no esté obteniendo los resultados esperados; e incluso en algunos casos produzca efectos contrarios a los buscados. En el espacio exterior su imagen se ha visto crecientemente desacreditada. El movimiento del BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones) gana cada día nuevas e importantes adhesiones en la sociedad civil transnacional o global. Mientras que en el ámbito interno su  (etno) democracia se degrada y vacía de contenido en favor de la supremacía racial y mayoría demográfica judía. Su corrupción moral también tiene efectos perversos en la propia ciudadanía israelí. La nueva ley fiscalizadora de las ONG que reciben fondos del exterior busca acallar a los sectores críticos con su política de ocupación. 
  
Más allá de las diferentes coyunturas, una cosa parece asegurada: mientras persista la política de ocupación y apartheid se seguirán produciendo nuevos ciclos de protestas y violencia, que se suceden a lo largo de cerca de cinco décadas de ocupación, prolongando un sufrimiento innecesario, que afecta principalmente a los palestinos, pero también a los israelíes.

(*) José Abu-Tarbush es profesor titular de Sociología en la Universidad de La Laguna. Editor del blog Panorama Mundial de Tendencias21. Este artículo se publicó originalmente en el Informe 2015-2016 de IGADI Con el título Palestina (2015): ¿normalizando la ocupación y el apartheid? Se reproduce con autorización.