TORTURA EN 2014

El 45% de los españoles teme sufrir torturas si es detenido 

La ONG Amnistía Internacional presenta su informe "La tortura en 2014: 30 años de promesas incumplidas" en el que critica la falta de voluntad política para prevenir este crimen de derecho internacional 

El 45% de los españoles consultados por Amnistía Internacional (AI) teme sufrir torturas o malos tratos si es detenido, mientras que casi el 20% justifica este tipo de prácticas en algunos casos, un porcentaje inferior a la media (36%) en el resto del mundo.

Son datos del informe "La tortura en 2014: 30 años de promesas incumplidas", presentado hoy por Amnistía Internacional en España para lanzar una campaña contra unas prácticas que muchas veces se producen "en la sombra" por ser una "vergüenza política", según ha subrayado Eva Suárez-Llanos, directora adjunta de la ong.

Suárez-Llanos ha dicho no estar sorprendida por el alto porcentaje de españoles que temen ser torturados, tal y como señala la encuesta de AI, basada en más de 21.000 testimonios de 21 países: "¿Quién no piensa que podría sufrir malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad en una manifestación?", ha planteado.

Ley Mordaza

Según la portavoz, el "uso excesivo de la fuerza" a la hora de reprimir las protestas coincide con un momento en el que el Gobierno pretende "cambiar las reglas del juego para hacer más difícil el derecho de manifestación en España", ha dicho en referencia a la reforma de la ley de seguridad ciudadana.

"Los gobiernos no se toman en serio que la tortura sea un crimen de derecho internacional" .

Este dato se debe a los abusos policiales "que todo el mundo puede ver en televisión", según Suárez-Llanos, quien también ha criticado la "falta de compromiso y voluntad política" contra la tortura en este país.

"Los gobiernos no se toman en serio que la tortura sea un crimen de derecho internacional", pues no está definida de forma acorde a la Convención de la ONU, ratificada por 155 Estados desde 1884, pero no respetada por 79 de ellos, ha informado AI.

"Un ejemplo de ello", según la responsable, es el caso de Billy el Niño, un exinspector acusado de torturas en los años 70 al que las autoridades españolas "niegan" extraditar a Argentina bajo el argumento de que su delito, en caso de haberse producido, ya ha prescrito.

Pero la tortura "es un crimen de derecho internacional que no prescribe", ha aclarado la directora, muy crítica también con el caso de Ali Aarrass, un ciudadano marroquí extraditado desde España a Marruecos y sometido, según su hermana, Farida Aarrass, a todo tipo de torturas inhumanas.

"Le llevaron al Guantánamo de Marruecos, donde le colgaron de los pies, le violaron con una botella hasta romperle el ano, le arrancaron cinco dientes, le ahogaron hasta que perdió el conocimiento y le amenazaron con violar a su hija"

Suárez-Llanos ha sido tajante: "Ningún país debe devolver una persona a otro país donde corre peligro de tortura". 
"Ningún país debe devolver una persona a otro país donde corre peligro de tortura" .

Para la portavoz, el Gobierno además "ignora las recomendaciones por parte de organismos internacionales" que proponen "abolir el régimen de incomunicación" entre otros "aspectos opacos que propician la tortura".

Por otra parte, el 86% de los encuestados en España desea unas leyes "enérgicas" para prevenir la tortura, una tasa superior a la media a nivel global (80 %).

"No basta con prohibirla" a través de leyes, pues es necesario interponerse entre el torturador y el torturado, vigilar que no se admitan con confesiones bajo tortura o asegurarse de que los torturadores son castigados por sus actos, ha citado Maribel Tellado, responsable de campañas de AI.

"Establecer salvaguardias efectivas" para los afectados y garantizar el "castigo" de quienes perpetran la tortura son algunos de los objetivos de la campaña, que también llega a las redes sociales bajo el hashtag #StopTortura

HUMAN RIGHTS WATCH BAJO SOSPECHA

Presuntas ONGs al servicio de los intereses del Imperio

PREMIOS NOBEL DENUNCIAN LA VINCULACIÓN CON LA CIA DE HUMAN RIGHTS WATCH

Los premios Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y Mairead Maguire, junto a un centenar de académicos estadunidenses y canadienses, solicitaron esta semana a Human Rights Watch (HRW) que tome medidas concretas para afianzar la independencia de la organización, debido a que sus principales directivos poseen vínculos con el Partido Demócrata, del gobierno de Estados Unidos y hasta con la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), tal es el caso de Miguel Díaz, quien ahora es funcionario del Departamento de Estado.

Pérez Esquivel y Maguire, respaldados también por ex funcionarios de la Organización de Naciones Unidas, enviaron ayer una carta al actual director de HRW, Kenneth Roth, en la que señalan que las relaciones cercanas con el gobierno de Estados Unidos generan conflictos de intereses a la agrupación con sede en Nueva York.

El primer paso que debe dar HRW, se sugiere en la misiva, es cerrar la puerta giratoria a aquellos que han sido funcionarios públicos en la diplomacia estadounidense y luego pasan al equipo de la organización y a sus cuerpos de asesoría o dirección.

En la carta se menciona que Miguel Díaz, quien fue analista de la CIA en la década de los 90, ocupó una silla en el consejo de asesores de HRW de 2003 a 2011 y en la actualidad, como funcionario del Departamento de Estado, es el interlocutor entre la comunidad de inteligencia y analistas no gubernamentales.

Otros tres miembros de HRW que tienen vínculos con el gobierno son Tom Malinowki, Miles Frechette y Michael Shifter.  A su vez, Susan Manilow se ha declarado altamente involucrada en actividades del Partido Demócrata.

EL DINERO ES EL ESTADO

El verdadero Estado de nuestro tiempo es el dinero

La cultura postmoderna desecha como basura las instituciones democráticas

Vivimos bajo el imperio de la caducidad y la seducción, en el que el verdadero «Estado» es el dinero. Se trata de un tiempo post-histórico que ha abrazado de manera no consciente la cultura postmoderna desechando todo lo anterior como trastos viejos. Entre estos “trastos”, que ni siquiera son restos arqueológicos de poco valor sino basura, los más abultados son las Instituciones de los Estados Democráticos. Por Javier del Arco (*)

Heráclito de Éfeso propuso un paradigma del mundo presidido por el cambio permanente, de manera que todo cambiaba y nada permanecía o era. Sin embargo, este sabio de Grecia no pensó en destruir la polis griega ni su areté. La postmodernidad actual está en ello. 
  
En su obra “Modernidad Líquida” Zygmunt Bauman investiga cuáles son las características de las cúspides de la sociedades capitalistas, siempre muy minoritarias y rigurosamente diferentes de la sociedades burguesas o de las viejas hidalguías e infanzonías, tanto de la que se ha mantenido en transcurso del tiempo, como aquellas que han cambiado. 
  
Un desmedido afán acumulativo 
  
Destaquemos en primer lugar una característica del gran capital: la acumulación por la acumulación. Esta forma de proceder ha estado siempre presente en la estructura de los grandes capitales pero, en el llamado capitalismo tardío, esencialmente financiero y que se corresponde con el final de  la modernidad y comienzo operativo de la postmodernidad, dicho afán acumulativo adquiere un carácter nuclear. 
  
Como consecuencia directa de ese desmedido afán acumulativo, se incrementa el individualismo de la población en general y las relaciones humanas devienen en precarias y volátiles. Se trata de competir, no de cooperar, incluso entre colegas. Así, cada vez menos se habla de equipos y mucho más de personajes providencia. Los caza-talentos fichan personas y no equipos conjuntados. 
  
Se produce así una sensible disminución de la solidaridad y un incremento exponencial del egoísmo. Este último es una plaga que se extiende y de la que son paradigmas aquellos más pudientes. La sociedad líquida propicia ese cambio porque, como buena hija de la postmodernidad que niega cualquier gran relato, se aleja de cualquier conjunto de valores entrelazados entre si que se pudiesen nutrirse en fuentes humanísticas. 
  
De manera que cualquier estructura potente que conforme un marco de justicia, especialmente justicia social, es indeseable. 
  
Fluidificar para domesticar y consumir 
  
La modernidad líquida, lo repetiremos hasta la saciedad,  es cambio continuo y transitoriedad. Ello implica necesariamente inquietud e inestabilidad. Se diría que los postmodernos líquidos propugnan esa inestabilidad para mantener al límite la tensión de los individuos. Ninguna faceta de la vida humana es estable, especialmente dos fundamentales: el trabajo y la familia. 
  
De lo que se trata, escribe Bauman, es de relajar, fluidificar y, finalmente, diluir, cualquier norma que entrañe algún obstáculo para los grandes poderes económicos. 
  
Así, desde el nacimiento de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Uruguay en 1993 –en cuyo proceso la inteligencia norteamericana echó el resto- se viene produciendo un proceso imparable de “desregulación, flexibilización y liberalización de los mercados» tal y como señala Bauman. 
  
Todo ello genera un cúmulo de tensiones, no sólo sociales sino también existenciales. Estas últimas surgen cuando los humanos nos relacionamos mal –y lo hacemos cada vez peor- o simplemente prescindimos del otro, de nuestro prójimo, salvo para un disfrute material efímero, un uso divertido o placentero, convirtiéndolo, como dice Vicente Verdú, en un “sobjeto” híbrido esperpéntico de sujeto (persona) y objeto (material fungible). 

El nuevo Estado como propiedad particular. 
  
Estado versus estado. La sociedad líquida se ha segregado para que los modelos y estructuras sociales no puedan perdurar y por lo tanto tampoco enraizarse. Así, vivimos bajo el imperio de la caducidad y la seducción en el que el verdadero «Estado» es el dinero, por lo que se genera un marco en el que se renuncia a la memoria de los hechos, tanto generales como particulares. 
  
El olvido no sólo del Ser –que tanto preocupó a Heidegger- sino también del pasado colectivo, constituyen una condición que caracteriza un tiempo post-histórico que ha abrazado de manera no consciente la cultura postmoderna desechando todo lo anterior como trastos viejos. 
  
Entre estos “trastos”, que ni siquiera son restos arqueológicos de poco valor sino basura, los más abultados son las Instituciones de los Estados Democráticos 
  
Una clase política que máquina su propia autodestrucción 
  
Vivimos un periodo histórico de máxima incertidumbre. Nace así una sociedad de múltiples riesgos, en la que se han debilitado los sistemas de seguridad que protegían al individuo en lo social, lo económico, lo educacional, lo cultural, lo jurídico y todo lo que se relaciona con la integridad física y moral de la persona. 
  
La nueva sociedad liquida rezuma riesgos e incógnitas. Y la clase política que habita en ella –al servicio de oscuros intereses espurios que en su momento no hurtaremos al lector-  es incapaz de percibir que en el fondo hoy labra, con mayor o menor presteza, su propia aniquilación. 
  
Pero hay algo mucho peor en el horizonte que la desaparición de una élite política en el sentido “paretiano” de la misma. Ese eclipse sería bueno en si mismo porque dicha clase se halla deshecha por la corrupción y los particularismos. 
  
La política democrática de calidad muy baja, crecientemente alejada de los ciudadanos, se devalúa día tras día y de esas devaluaciones surgen inevitablemente populismos que son antesala directa del totalitarismo. 
  
Y los hechos que acaecen parecen indicar que ese tiempo está próximo. 
 

(*) Javier del Arco Carabias, Biólogo y Filósofo, es profesor de Universidad.

AMNISTIA INTERNACIONAL. INFORME SOBRE ESPAÑA

España: El derecho a la protesta, ¡amenazado!

En España, las autoridades están asfixiando las protestas pacíficas. Las multas, los malos tratos, el uso excesivo de la fuerza y la impunidad policial ante los abusos están afectando el derecho a la libertad de expresión y reunión.

Los proyectos de reforma legislativa pueden suponer además un duro golpe a la protesta pacífica. No podemos consentirlo. No podemos consentir que muchos manifestantes pacíficos estén pagando un alto precio por ejercer sus derechos humanos.

"Dos personas me empujan contra la pared y me tiran al suelo. Me sacaron fuera y se identificaron como policías. Me dijeron que estaba detenido porque había intentado agredir al consejero de Sanidad. Si no fuera por las imágenes, tendría serios problemas. [...] La policía sabe que debido a sus acusaciones falsas uno puede pasar todo el día detenido y nadie será responsable por ello. Que te detengan ha sido una experiencia muy negativa. Estoy tranquilo porque existen grabaciones, a nadie le gusta estar detenido, el miedo que pasas, que tus jefes piensen que has agredido al consejero, que tus amigos piensen que has agredido a alguien.Tras todo esto vas con mucho miedo, vas con más cuidado, mis amigos y mi abogado me aconsejan que no vaya a los escraches y que en los deshaucios no esté en primera línea".

En España, las medidas de austeridad adoptadas en el contexto de crisis económica han llevado a miles de personas a salir a la calle para protestar ante los recortes de servicios básicos que afectan a sus derechos.

Las autoridades españolas sin embargo, están respondiendo a la movilización con restricciones a los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica. La policía ha sometido a comprobaciones de identidad a manifestantes pacíficos durante las manifestaciones o incluso antes de ellas; se han impuesto multas a personas simplemente por asistir a protestas o reuniones; manifestantes pacíficos han sufrido abusos y uso excesivo de la fuerza, o han sido detenidos y trasladados a comisarías donde han sufrido tratos humillantes o malos tratos bajo custodia.

Estos abusos no son investigados adecuadamente. Las autoridades no han rendido cuentas por ellos. Al contrario, en lugar de defender y garantizar el derecho de libertad de expresión y reunión pacífica están tratando de reformar la legislación. El endurecimiento del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana pueden ser un nuevo golpe para estos derechos.

No vamos a consentir que asfixien la protesta pacífica ni con abusos ni con leyes represivas. No vamos a consentir que los manifestantes pacíficos sigan pagando un alto precio por ejercer sus derechos humanos.

Porque el descontento no puede acallarse mediante la represión. Y porque la protesta es sin duda la mejor manera de defender tu derecho a protestar.

¡No te calles y defiende tu derecho a la protesta! ¡Muestra tu oposición a las reformas que restringen el derecho a la libertad de expresión y reunión !

Amnistía Internacional España

LA FALSA DEMOCRACIA ISRAELI

Por qué Israel no es una democracia

Félix García Moriyón - Es habitual criticar el estado de Israel centrando la atención en su vergonzosa política en los territorios ocupados y en el tratamiento que da a los palestinos, a quienes somete a constantes vejaciones. Prácticas como los asesinatos selectivos o la demolición de casas de familiares de terroristas hieren profundamente el ánimo de aquellas personas cuya sensibilidad moral no ha sido ya completamente destruida.

No obstante, son muchas las personas que consideran que, abstrayendo esa política “exterior” del gobierno israelí, avalada por la mayoría de la población en sucesivas elecciones, el estado es una democracia, muy superior desde luego a los regímenes políticos de todos sus vecinos árabes. Es más, en el índice de desarrollo humano recientemente publicado, Israel aparece en un honroso puesto 23, precedida tan sólo por casi todos los países europeos, más Canadá, Australia, Estados Unidos y Japón. La presencia de partidos, la celebración periódica de elecciones políticas, la independencia de la justicia y una aceptable libertad de expresión, parecen reforzar una visión positiva de la existencia de libertad, igualdad y solidaridad en dosis suficientes como para obtener  holgadamente el certificado de homologación democrática. Existen, sin embargo, rasgos decisivos en la vida política israelí que lo alejan claramente de una democracia y nos deben llevar más bien a la conclusión contraria.

Para empezar, como bien indica la palabra, la democracia se caracteriza por el poder del pueblo, del ‘demos’, y este viene definido por su condición de ciudadano, sin que suponga ningún problema la nacionalidad, el sexo o las creencias religiosas. Todas las personas que viven en un territorio perfectamente definido son ciudadanos con igualdad de derechos. Pues bien, el estado de Israel es un estado que reconoce a todo los judíos del mundo como ciudadanos, independientemente de donde vivan y bastando sólo la declaración explícita de querer ser ciudadano del país. La inmigración de los judíos está automáticamente admitida, lo que no ocurre con personas de otra confesión religiosa u otro grupo étnico, aunque no es del todo correcto identificar la condición de judío con una específica condición étnica habida cuenta de los diferentes grupos de judíos presentes en Israel y el mundo.

Debido a esta definición, las fronteras del estado se diluyen de forma intencionada, lo que ayuda a entender la facilidad con la que el gobierno ha intervenido muy lejos de sus fronteras cuando ha considerado que estaba en juego la seguridad de un judío (por tanto, de un ciudadano del estado). El tema es especialmente grave en el caso de los numerosos asentamientos ilegales enclavados en los territorios ocupados. La integridad y seguridad de esos judíos debe ser defendida a cualquier precio, puesto que, aun viviendo fuera del territorio de Israel, son ciudadanos de dicho estado. No protegerlos sería negar la idiosincrasia del estado israelí.

Esta delimitación étnico-religiosa de la ciudadanía y, por tanto, esta reducción de la democracia a una etnocracia o una teocracia, se ve igualmente con claridad si nos damos cuenta de que el parlamento ha abandonado completamente toda la vida privada (matrimonio, divorcio, entierros…) al control de las normas rabínicas. Las leyes religiosas son impuestas a toda la sociedad, independientemente de las creencias religiosas de sus ciudadanos, negando así toda posible definición laica del estado. Todos los símbolos del estado, todas sus fiestas oficiales, son judías, ignorando por completo la sensibilidad y las creencias de las minorías no judías y de los que, siendo judíos, se reconocen políticamente laicos. La pluralidad de partidos y la difícil configuración de  las mayorías parlamentarias confieren aun mayor poder, si cabe, a los partidos extremistas religiosos, como sucede en el gobierno actual.

Por si quedara alguna duda respecto al domino absoluto de la mayoría judía, la ley prohíbe a los árabes la compra o el alquiler de tierras, o la reunificación con sus familiares que viven en el extranjero. No se trata solamente de una discriminación en el trato a favor claramente de los judíos que no padecen esas restricciones; se trata de una política claramente destinada a mantener en situación de inferioridad social y económica a una minoría muy numerosa (más de un millón de habitantes) que, en caso de crecer, podría poner en cuestión la identidad judía del estado.

Es cierto que los árabes pueden concurrir a las elecciones y que hay parlamentarios árabes en el parlamento israelí, pero también es cierto que su presencia allí es puramente testimonial. No se debe su debilidad al hecho de que cuente con pocos diputados elegidos en las elecciones. Lo grave es que si fuera aprobada una ley por mayoría, pero esa mayoría se debiera al voto árabe en el parlamento o a un gobierno basado en el apoyo de los árabes, la ley sería considerada ilegítima. Por ley, los árabes nunca pueden ganar, ni siquiera influir en una victoria.

Algunos pueden considerar que estos fallos pueden encontrarse igualmente en otros países considerados democráticos. Por ejemplo, no faltará quien considere que España, en especial el Partido Popular gobernante, vulnera el sentido laico que constitucionalmente tiene el estado español. De todos modos, en ningún país que presuma de instituciones propias de la democracia liberal representativa, veremos sancionado por las leyes una política tan marcada de exclusión de la minoría de los ciudadanos. Mucho menos que esa exclusión se base legalmente en la pertenencia étnico-religiosa de las personas. En Israel, la exclusión está reconocida por la ley, como en su día lo estuvo también la tortura, otro caso único de un país autoproclamado demócrata.

Eso sí, el control que la mayoría dominante ejerce en el país provoca que la gente no sea consciente de esta distorsión profunda del estado israelí y que los propios ciudadanos, incluso movimientos críticos del interior, no se den cuenta de la exclusión social y política a la que están condenada parte de la ciudadanía. El inmenso poder del lobby judío en el mundo, en especial en los medios de comunicación y en la política del imperio de Estados Unidos, puede ayudar a entender por qué este profundo mal del estado de Israel no atrae la atención habitual de los medios de comunicación, que, cuando son críticos con Israel, limitan sus ataques a la ocupación de los territorios palestinos.

El mal es intrínseco a la propia definición del estado de Israel y al proyecto sionista. Es un mal que atenta contra todos los principios en los que se basa la fundación de las democracias ilustradas. Para Israel, es la pertenencia religiosa y étnica la que confiere la ciudadanía. Una vez admitido eso, no hay posible solución. La propia pervivencia de un estado que confunde pueblo con etnia, convicciones religiosas con adscripciones políticas, pertenencia a un pueblo con ciudadanía, es una pervivencia que sólo podrá mantenerse con la violencia y la injusticia.

En otro artículo ya hace tiempo recordaba cómo el estado de Israel en la actualidad es un perfecto ejemplo de la violencia que acompañó al nacimiento de los estados nacionales. Por la inversión de los papeles, no olvidemos, poniendo tan sólo un ejemplo, cómo el estado español fundado por los reyes católicos empezó, entre otras cosas, expulsando a los judíos del territorio nacional. Nada bueno puede esperarse del estado, pero peor todavía puede ser el estado nación, un proyecto esencialmente excluyente e injusto.

GLORIOSO EJERCITO ESPAÑOL

Un teniente del Ejército pone al descubierto en un libro las corruptelas y abusos dentro de las Fuerzas Armadas

Condecoraciones -‘lotería’, venganzas en las evaluaciones de ascenso, comisiones en las compras de comida y combustible…

“Un paso al frente”, la obra escrita por un teniente del Ejército de Tierra en activo, de próxima aparición, cuestiona los privilegios de la cadena de mandos y denuncia la indefensión que sufren suboficiales y tropa. Ahora teme ser represaliado.

El autor de "Un paso al frente", el teniente del Ejército de Tierra Luis Gonzalo Segura, de 37 años y destinado en Trasmisiones, teme sufrir represalias por la publicación de su libro. De hecho, incluso valoró la posibilidad de sacarlo a la luz bajo un pseudónimo.

Un oficial, un suboficial y un soldado

“Ha sido el mayor reto de mi vida, porque jamás había escrito nada más allá de cualquier estúpido formulario”, asegura el teniente Gonzalo Segura, que ha dedicado año y medio a redactar esta novela. Lo ha hecho en su tiempo libre, y sin informar a sus superiores, consciente de que, si lo hubiera hecho, podrían haber intentado boicotear el proyecto.

La historia del libro gira en torno a tres militares –un oficial, un suboficial y un soldado- que se conocen durante su estancia en un centro de instrucción. Posteriormente vuelven a encontrarse destinados en Afganistán, un país donde sirvió temporalmente el autor.

Crítica a las “castas” de oficiales

El relato, según indica Gonzalo Segura, está plagado de hechos y situaciones reales, que él ha visto y vivido en sus años de servicio, y que ponen en cuestión el actual modelo y funcionamiento de las Fuerzas Armadas.

Hace hincapié especialmente en el “doble rasero” que se aplica a militares de tropa (“expulsados a los 45 años”) y suboficiales ("se les niegan los ascensos”), contrapuesto a lo que ocurre con lo que denomina “castas” de oficiales.

El centro principal de la crítica es este último colectivo: las “corruptelas y privilegios” que, según detalla en ‘Un paso al frente’, practican oficiales de los tres Ejércitos. Principalmente aquellos que tienen capacidad de decisión en materias como la compra de combustible, de comida o de equipos y armamento.

Lotería de condecoraciones

Dedica un apartado a los “privilegios” que tienen los altos mandos, como el acceso exclusivo a clubs e instalaciones deportivas militares.

También las condecoraciones-‘lotería’, distinciones que se reparten a aquellos que no hacen “demasiado ruido, aunque nunca hayan pisado un escenario de guerra”. Y las indemnizaciones de 60.000 euros que reciben los tenientes coroneles por no ascender a coronel, junto con las dietas y comisiones de servicio que reciben mientras “a la tropa se le reduce el salario”.

Denuncia también los denominados IPECs, los informes de evaluación que elaboran los mandos sobre el personal de tropa, y de los que dependen sus posibilidades de ascenso. Se utilizan, denuncia, como un castigo contra aquellos que no sigan la línea que marque su superior.

Coroneles al mando de piscinas

Las Fuerzas Armadas que describe están “condicionadas de cara al futuro” por la bicefalia: “52.000 cuadros de mando para 78.000 integrantes de tropa. Hay 205 generales para 10 brigadas, y coroneles en España que están al mando de piscinas militares…” asegura el autor.

 "Un paso al frente" será presentado el próximo 21 de abril en Madrid, en la librería Enclave de Libros, y en Zaragoza los días 22 y 23 de abril.

ADOCTRINAMIENTO EN NAFARROA

La Guardia Civil ofrece una bochornosa

 exhibición en un colegio público de 

Cintruénigo

La Guardia Civil realizó ayer una “jornada de puertas abiertas” en un colegio público de Cintruénigo, en Nafarroa. No es la primera vez que ocurre, este tipo de exhibiciones son habituales, y el año pasado se realizaron 19 de ellas por toda Nafarroa, así como 24 visitas de escolares a cuarteles de la Guardia Civil.

La exhibición de ayer nos ha dejado imágenes que han generado gran polémica y protestas de gran parte de la población. ¿Que clase de educación es repartir armas entre menores? ¿Qué valores se están transmitiendo dándole a un niño una escopeta, una porra o un lanzapelotas?

Viniendo del cuerpo represivo que hace unos meses acusaba a parte del profesorado navarro de ejercer el “adoctrinamiento” en la escuela, es cuanto menos curioso que ese mismo cuerpo organice este tipo de esperpentos entre menores, en colegios públicos. ¿Quién ejerce el adoctrinamiento en la escuela?

En la web del colegio público Otero de Navascués podía leerse “Todo el alumnado del colegio ha podido ver y tocar las herramientas con las que trabajan, desde material antidisturbios hasta aparatos para medir la alcoholemia, pasando por lazos que utilizan para atrapar animales, armasy chalecosantibalas, grilletes, etc.