ESPAÑA TOLERA LA TORTURA

"EN ESPAÑA HAY TOLERANCIA LEGAL CON LA TORTURA"

Lo dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ha condenado a España en 6 ocasiones

       Rocío Miralles, del digital "eldiario. es", escribe que desde el año 2004, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España en seis ocasiones. La mayoría de estas condenas estuvieron provocadas por la falta de investigación por parte de las autoridades competentes de las denuncias por torturas formuladas por detenidos. Según indica Miralles, lo más alarmante es el significativo incremento de denuncias por torturas contra el Estado y la tendencia desde 2009 a que España haya sido condenada cada año por la violación del art. 3.

        La principal conclusión a la que llega el informe es que  el problema de la tortura en España se encuentra no ya en el hecho constatado de que este tipo de prácticas puedan ser sistemáticas, sino en la tolerancia legal del sistema que permite que estas se produzcan sin que sea posible su denuncia.

        El informe pone de relieve también que aunque hasta ahora la principal fuente de denuncias se vinculaba a torturas infligidas a supuestos terroristas durante los interrogatorios,  la situación ha dado ahora un giro de 180 grados.  Las denuncias en la actualidad crecen y se centran en los maltratos que se producen durante las manifestaciones, en las que de manera brutal  se criminaliza la disidencia política. De todas formas, las denuncias por torturas continúan produciéndose por malos tratos a inmigrantes y a reclusos penitenciarios.

         El documento pone de relieve la  nula transparencia en la investigación de las  torturas. De ello en parte es responsable la incomunicación a la que se somete a los   detenidos  . Según el informe, los detenidos  por presuntos delitos de terrorismo son trasladados a Madrid en medios de transporte que no disponen de cámaras que  permitan filmar lo que sucede en el interior  de los vehículos. Además, los detenidos pueden permanecer hasta 13 días en un régimen de incomunicación total  “para fines investigadores", sin que nadie tenga conocimiento de su paradero y situación. A los detenidos se les impide, además,  escoger un abogado y médico de su elección que los examine.

        La opacidad  se refleja igualmente en el transcurso de los procesos judiciales. Las víctimas disponen de pocos medios de prueba que puedan confirmar sus versiones. En los casos de incomunicación total, los detenidos se  ven imposibilitados para aportar documentos o grabaciones. En no pocas ocasiones, la ausencia  de señales  externas de las torturas  infligidas tiene como consecuencia que los informes médicos no pueden recoger los rastros de los golpes producidos. En una buena parte de los casos, los tribunales decretan el sobreseimiento de las denuncias por falta de pruebas, lo que permite garantizar la impunidad de los torturadores.

   En lo que a la criminalización de la disidencia se refiere, ante la peligrosidad de las armas empleadas durante las movilizaciones por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el informe pide el cese de las llamadas“armas menos letales”, una curiosa  denominación que agrupa  todo   tipo de artefactos que no son armas de fuego pero con un evidente potencial  para ser letales. Tal  es el caso de las balas de goma, gas lacrimógeno, cañones de agua,   muy presentes todas ellas  en las manifestaciones  de los últimos tiempos.