OTRO MEXICANO EJECUTADO EN TEXAS

Amnistía Internacional condena ejecución de mexicano en Texas

“Lo que sucedió hoy no fue más que un asesinato fundado en prejuicios raciales. En la mayoría del mundo lo que sucedió hoy sería un crimen, pero las autoridades de Texas han tenido el descaro de llamarle justicia”

Los errores judiciales.
Conlleva el riesgo del error irrevocable. La aplicación de la medida no es viable en un sistema judicial penal imperfecto, la corrupción, las anomalías, la venalidad e incapacidad en las autoridades no permite darles el poder de decidir sobre la vida de una persona.

Las ejecuciones de inocentes siguen siendo una realidad frecuente en nuestros dias. En EUA, lo fueron 75 de las 487 personas ejecutadas desde que en 1976 se restauró la pena capital. El record lo tenía Illinois, donde 9 de las 11 condenas fueron erradas. Desde la introducción de las pruebas de ADN, se han liberado más personas condenadas.

Perversión de los fines del sistema penitenciario.Quitar la vida supone renunciar a la preeducación y reinspección social. Es la negación y la privación de toda posibilidad de redención, readaptación y reinserción a la sociedad. Además que no se ataca al verdadero problema de la delincuencia, ni se corrigen los causales de la misma.

Injusta discriminación.
La pena de muerte es discriminatoria y a menudo se utiliza de forma desproporcionada contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas. Se impone y se lleva a cabo arbitrariamente.

La inviolabilidad humana.
Por muy grande que sea el nivel de degradación de una persona, ésta nunca pierde el derecho fundamental a la vida ya que éste es el primero de los derechos humanos.

La degradación social.
Lejos de ser una medida de justicia sólo constituye una forma de venganza social, lo cual es un retroceso en la evolución de la humanidad, pues es un homicidio premeditado a sangre fría por parte del Estado en nombre de la sociedad.

Es una medida impráctica.
Es costosa para el erario público (3.2 millones de dólares), además del costo social y psicológico; no hay pruebas de que tenga un poder disuasorio ni que contribuya a reducir la criminalidad, al contrario, genera una espiral de violencia; da una solución simplista a conflictos humanos y sociales complejos

No es cuantificable el daño físico al matar a un hombre, por lo tanto no es posible equiparar la ejecución del preso con el acto criminal que cometió, además de que tampoco puede establecerse el sufrimiento emocional de saber que va a morir de antemano. A los familiares de la víctima no se le devuelve a la persona que perdieron, sólo afecta a los familiares del condenado, quienes también son sometidos a presión psicológica.

Es usado como un instrumento represivo para suprimir la disidencia.
La pena de muerte ha sido y continúa siendo utilizada como instrumento de represión política, como forma de silenciar para siempre a los oponentes políticos o de eliminar a las personas políticamente "molestas". En la mayoría de estos casos, las víctimas son condenadas a muerte tras juicios sin garantías, como culminación de un mal uso político.

Amnistía Internacional tiene, además, como principio de causa, evitar que sean condenados a la pena de muerte los enfermos mentales, pues gran número de ejecutados eran personas que nunca estuvieron conscientes del delito que cometieron.