LA CIENCIA Y EL BOTE DE MISTOL

Quemando horas de trabajo por un bote de Mistol

Hace unos meses llegó a un laboratorio del CSIC una carta del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) donde se informaba de los resultados de una auditoría efectuada a un proyecto de investigación del Plan Nacional. En la carta se anunciaba que se debían devolver más de 60.000 euros que, pese haber sido gastados, no se había justificado el gasto adecuadamente. Tras recurrir las conclusiones de dicha auditoría, hoy ha llegado la decisión final: se han de devolver 1.400 euros mal justificados. Un análisis pormenorizado de la auditoría lleva al más absoluto esperpento, tanto por el tiempo de dedicación laboral de un número elevado de personas (llegando a interrumpir la labor investigadores que deberían estar efectuando) como por las causas que motivan la devolución del dinero.

Punto 1: los proyectos de investigación. Cada año el ministerio que lleva el área de ciencia (que en los últimos años han sido el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Educación y Ciencia, y el MINECO) ha lanzado una convocatoria competitiva de proyectos de investigación. Los científicos de los institutos públicos de investigación (como el CSIC, CIEMAT, Instituto Carlos III; etc), de las universidades o de centros privados de investigación o enseñanza, solicitan fondos para desarrollar algún programa de investigación. Estas solicitudes son evaluadas por un comité seleccionado por la Secretaría de Estado de Investigación y, en función de la calidad de las propuestas y de los fondos asignados, se aprueban algunos de esos proyectos. La cuantía es muy variable, desde unos pocos miles de euros hasta los 400.000 (muy pocos llevan a esa cifra) y cubren un periodo que suele oscilar alrededor de los tres años. Además, en algunos casos se da una aportación suplementaria para personal de investigación en formación (los contratos llamados FPI), para que algún investigador complete un programa de doctorado.

Punto 2: dinero de las arcas del estado. El dinero de estas ayudas es público. Por tanto es saludable que el dinero se gestione bien y se vigile que los gastos de los investigadores se correspondan con lo diseñado en la propuesta. Cuando se redacta la propuesta de proyecto se incluye un presupuesto y un listado de gastos previstos, tanto a nivel de instrumental como de material necesario para la investigación. Dado el tipo de trabajo que se lleva a cabo, y teniendo en cuenta que se ha de presupuestar 3 años por adelantado se suelen usar genéricos. Empleando un ejemplo del área de biomedicina, es imposible saber con 2 años de antelación si se va a gastar 1, 10 ó 100 unidades de Taq polimerasa, de malato deshidrogenasa o de ATP, por lo que se suele usar el genérico “reactivos químico/enzimáticos”. Hay un largo listado de material que se puede justificar y otros que no. La lista de justificable abarca desde viajes a congresos, gastos de publicación, reactivos, etc. Pero queda fuera de justificación cosas tan esenciales como material de papelería o de limpieza. Así se da la paradoja de que se puede justificar la compra de una impresora, pero no la de cartuchos de tinta para dicha impresora.

Punto 3: la picaresca “marca España”. Por mucho que uno intente ser optimista, las crisis sólo valen para empobrecernos. Esa frase de “la crisis ha valido para algo” me revienta un poco, sobre todo cuando uno lee cómo ha incrementado la pobreza en Europa. Lo que sí ha hecho la crisis es intentar sacar fondos de debajo de las piedra y que no se escape el dinero circulante (que es mucho menor al de hace unos pocos años). Un análisis de las causas de la crisis ha permitido poner en primera plana los gastos superfluos, que pasaban más desapercibidos en épocas de supuesta bonanza (y digo supuesta porque en España nunca ha existido bonanza en investigación), así como los casos de picaresca, que en algunos casos se podrían considerar directamente como levantamiento de bienes públicos. En los últimos meses se han incrementado los sistemas de control sobre los empleados públicos, pero como suele ocurrir en este oscilante país se ha pasado de un extremo al otro.

Punto 4: investigador = presunto malversador. Hemos pasado de la época en la que era posible que un empleado público pasara una parte importante de su jornada laboral en un gran almacén sin que nadie le llamara la atención a otra donde los empleados públicos son tratados como personas sospechosas. ¿Cómo afecta esto a los laboratorios? Siempre ha existido un control del gasto, cada año se ha de presentar al ministerio una partida justificada de gastos, detallando las facturas. Sin embargo en múltiples ocasiones se han detectado desfases o gastos no justificados que colaban gracias a la llamada “ingeniería financiera”. Eso ha sido así, y lo seguirá siendo porque en España sabemos tanto de salto de vallas que me extraña que no tengamos ninguna medalla olímpica en dicha competición. Para evitar que esa ingeniería financiera se convierta en una costumbre se ha incrementado el control en el gasto (lo cual es sano) mediante la subcontratación de empresas privadas que realizan auditorías y que, por la forma que actúan, parece que van a comisión (lo cual no es tan sano). Estas empresas parten del supuesto de que los investigadores españoles son por definición unos malversadores y hay que pillarlos como sea. Y ahí empieza el dolor de cabeza.

Punto 5: cuando se llega al esperpento. Como indiqué anteriormente, un laboratorio del CSIC ha recibido del MINECO una carta en la que se informa que faltan por justificar adecuadamente más de 60.000 euros de un proyecto de investigación que terminó hace 4 años. Esa cantidad supone casi un 25% de los fondos totales del proyecto y parece que alguien del MINECO (o de la empresa subcontratada para hacer la auditoría) sospecha que los investigadores responsables de dicho proyecto desviaron fondos a partidas no presupuestadas. Se informa de que en caso de no poder justificar adecuadamente dicha cantidad se pedirá su reposición. Eso en sí mismo, provocaría un jaleo de tomo y lomo: los investigadores no pueden pagar de su bolsillo dicha cantidad, ya que el proyecto va a la institución (en este caso el CSIC). El CSIC es quien debería poner ese dinero, pero no hay fondos para eso, por lo que el dinero se sustraería de proyectos de investigación vigentes. Pero dado que en dichos proyectos no está presupuestado ese gasto, se creará el mismo problema para el futuro, con lo que el 25% del dinero de un proyecto acabaría de nuevo en hacienda.

Una vez el investigador recibe la carta pone a la administración del centro del CSIC a trabajar, se buscan las facturas con las que justificar lo que se dice que está mal justificado. Podéis imaginar lo que supone buscar todas las facturas de proyectos acabados hace varios años: muchas horas de trabajo por parte de personal de gestión. Una vez localizadas, clasificadas y etiquetadas todas las facturas se envían a los auditores. La respuesta llega a los pocos meses: aún falta más por justificar o por explicar con más detalle. De hecho vuelven a pedirse facturas que ya se han enviado, lo que hace sospechar de la profesionalidad con la que operan estas empresas auditoras. Después de más de tres meses de papeleos y muchas horas de trabajo de empleados públicos llega la resolución final e irrevocable: se ha de devolver al erario público 1.200 euros mal justificados. Decenas de horas de trabajo de varias personas del centro de investigación, más lo que cobren los auditores; material de oficina, árboles sacrificados para crear n veces papeles y más papeles. Todo ello para recuperar 1.200 euros. Todo un récord de “brillante” gestión.

Pero no acaba ahí el esperpento: la notificación final viene realizada con gran lujo de detalles. Aparece una columna donde se indica el gasto y otra columna donde se asocia la cantidad aceptada como justificada. La diferencia entre ambas cantidades es lo que se ha de devolver al erario público. Y esas diferencias son tan ridículas como las causas de esa mala justificación. Así en una diferencia de 8.98 euros se informa que no se puede justificar la compra de “post-it, sobres, bolígrafos, papel o una libreta” y en otra de existe una diferencia de 1.95 euros no parece justificable la compra de una bayeta y un bote de mistol. Parece que la toma de notas de los experimentos o la limpieza del laboratorio no es justificable desde el punto de vista económico. En algunos laboratorios se empezarán a montar vitrinas con artículos de lujo como por ejemplo el bote de mistol de litro.

La ciencia y sus demonios